SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0523/2019-S2

Mario Alejandro Veramendi Campos, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, por informe escrito de 21 de febrero de 2019, cursante de fs. 35 a 36 vta., afirmó: 1) Es evidente que el 19 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares contra Dennis Romero Cari, donde se dispuso la detención preventiva en el Centro Penitenciario de Cantumarca del departamento de Potosí, Resolución emitida por la autoridad ahora demandada; 2) Decisión que fue apelada en la misma audiencia por el abogado de la defensa, donde se dispone que; “…habiéndose interpuesto el recurso de apelación incidental en el término de 24 horas concluida el acta remítase el legajo de apelación ante la Sala Penal de turno previo su sorteo, asimismo en el plazo de 48 horas la parte apelante deberá proveer los recaudos para las fotocopias legalizadas del legajo de apelación…” (sic), lo cual la parte accionante no cumplió; 3) Al ser una audiencia compleja y extensa que duro más de dos horas, causo la demora en la transcripción del acta; sin embargo, se la realizó en el término de veinticuatro horas, priorizando la misma para su remisión, siendo que se tiene abundante carga procesal y llevan entre seis y ocho audiencias por día en su despacho; y, 4) La apelación incidental fue remitida el 21 de febrero de 2019, tal como consta en la nota de remisión y el libro de registro que se adjuntó al presente informe, por lo que se puede evidenciar que de ninguna forma se causó incumplimiento en los plazos y menos falta de celeridad, por lo que se pidió que se deniegue la tutela.

           Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo^[1] establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.

           Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”.

           De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la   SCP 0281/201[2] de 4 de junio², señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.

Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre^[3] y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

           En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

1°    CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional, sin pronunciarse con relación a la remisión de obrados y al señalamiento de audiencia ya que de los antecedentes se tiene que ya habría sido remitido el recurso de apelación ante el Tribunal de alzada; y,