AUTO CONSTITUCIONAL 0228/2019-RCA

Establecida la problemática planteada y la pretensión constitucional de esta acción de defensa, conforme los datos arrimados al expediente se tiene que el peticionante de tutela, una vez notificado con los actos administrativos que ahora impugna, mediante memorial de 28 de mayo de 2019, con la suma “RESERVANDOME EL DERECHO DE RESPONDER A LA DENUNCIA Y AUTO DE ADMISIÓN, ME PERMITO OFRECER MEDIOS DE PRUEBA…” (sic [fs. 82 a 83]); de lo que se puede evidenciar que dentro del plazo probatorio instaurado en el referido Auto de Admisión y Apertura 001/2019, el accionante, presentó los elementos de convicción que consideró pertinentes a efectos de desvirtuar los cargos formulados en su contra, consintiendo así la continuación del proceso, toda vez que la autoridad demandada por providencia de 29 del citado mes y año (fs. 84), admitió el ofrecimiento de prueba, señalando audiencia de declaración testifical e inspección ocular, entre otros, los cuales se realizaron con la presencia del impetrante de tutela como sobresale del acta de declaración testifical y de inspección de fs. 91 a 93 vta.

Lo desarrollado precedentemente, permite confirmar que el accionante previo a la formulación de esta acción de defensa, realizó acciones tendientes a consentir los actos que considera ilegales, aceptando tácitamente los efectos de éstos, al proseguir con la tramitación del sumario y sometiéndose voluntariamente al proceso, incurriendo de esa manera en actos consentidos; al respecto, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico II.2. de este Auto Constitucional, establece que debe considerarse como acto consentido a la concurrencia de una voluntad expresa o manifiesta de una persona sobre una acción; es decir, cuando dentro de un proceso administrativo o judicial se hayan vulnerado sus derechos y garantías constitucionales, conformarse o admitir los actos vulneratorios, o efectuar acciones que reflejen asentimiento respecto del acto denunciado, consecuentemente, en aplicación de la misma y en concordancia con el art. 53.2 del CPCo, el cual determina que la acción de amparo constitucional, no procederá contra actos consentidos libre y expresamente, se concluye que corresponde confirmar la improcedencia de la acción tutelar en análisis, por dicha causal.

Por otra parte, es preciso aclarar que si bien el solicitante de tutela, en ejercicio de su derecho a la defensa por memorial de 30 de mayo de 2019 (fs. 96 a 98), formuló excepción eximiente de responsabilidad invocando el art. 115.I de Ley del Notariado Plurinacional (LNP) -Ley 483 de 25 de enero de 2014-, alegando en lo principal que la Autoridad Sumariante al dictar el Auto de Admisión y Apertura 001/2019, omitió efectuar una debida fundamentación, motivación y congruencia; la Autoridad Sumariante por decreto de 31 del mes y año señalados, admitió dicha excepción en aplicación del artículo antes mencionado, disponiendo su resolución conjuntamente con el fallo de primera instancia (fs. 99), aperturando así la posibilidad de que su reclamo sea atendido, por lo que no se puede establecer la existencia de un medio pendiente de activación respecto de una decisión que aún no fue definida, en tal razón en el caso concreto, no es posible la aplicación del art. 54.I del CPCo, sobre el incumplimiento del principio de subsidiariedad en relación a la excepción referida.