SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0693/2019-S4

Pedro Nava García, Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Loyola” Ltda., mediante informe escrito presentado el 8 de julio de 2019, cursante a fs. 120 a 123, manifestó lo siguiente: a) La accionante no precisó cuál es la tutela solicitada, siendo que retroalimentando la información contenida en el memorial de amparo constitucional, en ningún momento hace mención a que se debe de cumplir con la Resolución de la Jefatura Departamental de Trabajo de Cochabamba, respecto a la disposición de reincorporación emitida por la misma, y únicamente se limita a indicar en su petitorio sobre su reingreso o restitución; b) Cabe señalar que la Conminatoria de Reincorporación MTEPS/JTDCBBA 102, se encontraba pendiente de cumplimiento; toda vez que, se interpuso recurso de jerárquico que se llegó a interponer oportunamente, criterio que se consideró en principio cuando se declaró la improcedencia de la acción de defensa, en atención de que existía otra vía pendiente de resolver el cuestionamiento de la hoy impetrante de tutela; c) La indicada Cooperativa, dentro de la sensatez vio por conveniente, sin el ánimo de desvirtuar el memorándum de despido con causal justificada JRRHH-33-07-2019 de 18 de julio, el reingreso conforme se puede acreditar mediante nota JRRHH-46-03-2019 de 12 de marzo, a la ahora solicitante de tutela, cual fue recibido por la misma, tal como se demuestra por la documentación adjunta; resulta innecesario dar continuidad, en merito que no existiría lesión o restricción alguna de derecho consagrado por la Constitución Política del Estado, menos fundamentalmente al derecho al trabajo cual fue el fondo y fin de dicha acción de defensa, peor aún orden dispuesta por la indicada Jefatura de Trabajo o Ministerio de Trabajo la que fue omitida por el accionante en su petitorio, siendo además que toda acción de esta naturaleza especial y pronta que restrinja, suprima o amenace derecho constitucional alguno, debe ser analizada y ser perseguida siempre que los hechos que se denuncian no cuenten con otros medios o los mismos hayan cesado, más cuando en el presente caso no resulta necesario su continuidad por haberse dado cumplimento a los establecido por la Resolución Ministerial (RM) 171/2019 de 21 de febrero y con ello cesado la supresión del derecho al trabajo, acto administrativo que fue cumplido por la citada Cooperativa hoy demandada; y, d) Así que frente a estos antecedentes corresponde denegar la tutela solicitada por la impetrante de tutela, considerando todo lo expresado y sancionar con costas, puesto que la misma no fue correctamente formulada, así como también posteriormente debería haber hecho conocer de estas circunstancias a su autoridad de que no había necesidad de dar continuidad a la presente acción de amparo constitucional, cuando ya no existe el objeto del mismo, más cuando la solicitante de tutela viene ejerciendo funciones sin haber hecho observación alguna.