SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0533/2020-S2

Jorge Adalberto Quino Espejo, Vocal de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 20 de febrero de 2020, cursante de fs. 167 a 168 vta., indicó que: 1) El Auto de Vista A-253/2018 fue fundamentado conforme a los arts. 105.II y 109.II del Código Procesal Civil (CPC), así como el Auto Supremo 495/2017 de 15 de mayo; pero, el accionante intentó la nulidad del acuerdo transaccional, pese a que se establecieron “…los lineamientos de su pretensión en la sentencia anulada…” (sic); Resolución de alzada, que no cambió en el fondo la decisión de primera instancia; pues, no se cumplió con el requisito de trascendencia y su especificidad para dicha nulidad; puesto que, se habría tomado una determinación en cuanto al fondo del conflicto, no existiendo por tanto indefensión al haber aceptación, tratando de desconocer el mencionado acuerdo para obtener un beneficio mayor; siendo que, los antecedentes arribados con la nueva sentencia son los mismos; y, 2) La acción de amparo constitucional interpuesta carecería de una explicación clara y precisa de cómo se habrían lesionado los derechos acusados de vulnerados, limitándose a referir lo que cree que contraviene los mismos, sin exponer la omisión y errores en el trámite del proceso; en suma, no identificó debidamente los actos lesivos, ni los derechos transgredidos, menos el nexo de causalidad entre los mismos; por lo que, solicitó se deniegue la tutela, con costas y multa.

Sin embargo, posteriormente vía jurisprudencia se determinó que la errónea interpretación debe ser invocada por el accionante a efectos de abrir la jurisdicción constitucional para la verificación de la actividad interpretativa de la jurisdicción común, y más adelante se precisó que la parte procesal que se considera agraviada con los resultados de la interpretación debe expresar de manera adecuada y precisar los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, en ese sentido se estableció que ante la ausencia de carga argumentativa corresponde denegar la tutela solicitada. Esta línea se profundizó señalando que es atribución del Tribunal Constitucional interpretar la Constitución, y de la jurisdicción común, interpretar el resto del ordenamiento jurídico; o lo que es lo mismo, la legalidad infra constitucional u ordinaria, precisando que ello no implica llegar a la conclusión tajante de que la labor interpretativa de la legalidad ordinaria no está sujeta al control constitucional para verificar la vulneración de derechos y garantías de la Constitución, ante ello la SC 0085/2006-R de 25 de enero, precisó que el accionante que pretende la revisión de la legalidad ordinaria debe: 1) Explicar por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; y; 2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional, la SC 0194/2011-R de 11 de marzo, incorporó el tercer elemento que debe contener la exposición señalando: ‘3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional’.