SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0618/2020-S1

Conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, es obligación de los encargados de los centros penitenciarios dar cumplimiento inmediatamente a las órdenes judiciales de libertad o detención domiciliaria, debiendo realizar la verificación si existen o no, otros mandamientos contra el privado de libertad; determinar si el referido mandamiento presentado es auténtico, en consecuencia, realizar la verificación correspondiente; en caso de duda o imposibilidad de cumplimento por causas no atribuibles al privado de libertad, el Director del Régimen Penitenciario debe procurar con celeridad y diligencia, el acatamiento de la decisión jurisdiccional.

En el caso que se analiza se advierte que los citados Mandamientos, fueron de conocimiento de los demandados el 17 de diciembre de 2019, y hasta el momento de la audiencia de la presente acción de libertad se ejecutaron los mismos -19 de diciembre de 2019-, tal como los demandados manifestaron que recién se providenció la nota presentada ante la autoridad jurisdiccional, donde se les indica que deben acudir a la instancia correspondiente, constituyéndose ello en actos dilatorios a la ejecución de los Mandamientos a favor del impetrante de tutela, más cuando ya se contaba con la verificación de la autenticidad de los mismos, y teniéndose presente el Certificado de Permanencia y Conducta 354/2019                           -Conclusión II.3- emitido por autoridades del citado recinto penitenciario, donde refería que el accionante contaba con dos órdenes de detención preventiva; cuando correspondía verificar los mencionados Mandamientos y realizar los trámites necesarios con la premura correspondiente; y, ejecutarlos inmediatamente sin necesidad de realizar otras actuaciones dilatorias con el fin de que la persona beneficiada sea puesta en libertad y en detención domiciliaria; conforme al entendimiento contenido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que establece que toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no sucedió en el presente caso; puesto que, las autoridades demandadas prolongaron la detención del accionante por dos días, vulnerando su derecho a la libertad física; situación que amerita se conceda la protección que brinda esta acción tutelar.