SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0676/2020-S4

La parte accionante en audiencia ratificó el tenor íntegro de su memorial de demanda y ampliando la misma manifestó que: 1) El Tribunal debe ejercer un control no solo de constitucionalidad sino también de Convencionalidad puesto que expresa el caso Villagrán contra el Estado de Guatemala, en el cual se establece antecedentes de orden material o formal para considerar este tipo de casos que involucran a una menor de edad; 2) El derecho a la vida, desarrollado en la “SC 264/2014”, que tiene una interdependencia con el derecho a la integridad física, salud y a la protección del orden constitucional; 3) Lo que ocurre es que Oscar Arraya no tiene contacto con su hija, pero ese no es derecho que se reclama el progenitor, sino el daño psicológico que se está ejerciendo en contra de la menor al no tener un contacto con su padre coartado ilegalmente por la madre y los abuelos, que obviamente los demandados no refirieron en su informe; 4) Refiere que no se demanda la libertad sino que en base a una interpretación constitucional, existe una integridad física que tiene como vertiente el no ejerció de violencia psicológica, conforme señala la SC 2568/2010-R de 19 de noviembre; y, 5) La jurisprudencia establece que tratándose de menores de edad que se encuentran indebidamente privados de libertad es posible su representación a quienes ejerzan su representación legal dado que la menor no tiene capacidad de obrar y los derechos de la menor puedan ser verificados a través de un personal interdisciplinario.