SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0703/2020-S2
Fecha: 19-Nov-2020
III.2. Análisis del caso concreto
De los antecedentes que cursan en el expediente, Angelo Carlo Estivariz Cuellar, Gerente General y apoderado de la empresa “International Mining Company Imco” S.A., formuló denuncia ante el Ministerio Público contra Alan Mauricio Zarate Hinojosa -accionante- por la presunta comisión de los delitos de consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados y, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes (Conclusión II.1), por Circulares CM - DRH - 010/2020 de 21 de marzo, emitido por el Consejo de la Magistratura se dispuso cuarentena en los entes del Órgano Judicial por el tiempo de catorce días a parte de esa fecha; y, 06/2020 de 7 de abril, pronunciado por el Tribunal Supremo de Justicia, donde a nivel nacional se ordenó a los funcionarios dependientes de dicho Órgano, a realizar la atención de los procesos con personas aprehendidas precautelando su derecho a la libertad (Conclusión II.2).
Ahora bien, de la acción de libertad presentada, el impetrante de tutela alega la supuesta lesión de los derechos al debido proceso, a la libertad, a la defensa, a la vida y a la salud; toda vez que, la Fiscal de Materia -hoy demandada- en la investigación penal seguida en su contra no informó a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas el inicio de la investigación, lesionando así los plazos procesales; además, en su condición de fiscal analista no era competente, para proseguir la acción penal; puesto que, dicho cargo no se encuentra contemplado en la Ley Orgánica del Ministerio Público.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- Fragmento 2
- a)
- I.2.3. Participación del tercero interviniente
- denegó
- II.1.
- II.2.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 9
- Fragmento 10
- cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión,
- garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone.
- Fragmento 13
- Fragmento 14
- Fragmento 15
- Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía;
- en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares.
- III.2. Análisis del caso concreto
- i)
- fue reconducida por este Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 1609/2014 de 19 de agosto, dejando establecido que:
- CONFIRMAR