SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0781/2020-S2
Fecha: 09-Dic-2020
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones; toda vez que, como emergencia del Informe GT/EP19/J18 R1 de 29 de octubre de 2018 -preliminar de auditoría- y del Informe Complementario GT/EP19/J18 C1 de 16 de igual mes de 2019, elaborados sin ninguna fundamentación; se emitió el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-037/2019 de 29 de noviembre, a través del cual el Contralor General del Estado, determinó responsabilidad civil solidaria de su persona y otros, por percepción indebida de sueldos, sin expresar ni fundamentar el número de sueldos, los meses y la gestión; así como tampoco, si dichos montos le correspondían o no por el sueldo del Alcalde del mes de julio de 2013. Se decidió ilegalmente su responsabilidad en mérito a los arts. 31 inc. c) de la LACG y 77 incs. d) e i) de la Ley del Sistema de Control Fiscal; sin tomar en cuenta que, Arminda Aldana Aparicio, Concejal del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del departamento de Tarija, no era empleada suya. No se pudo establecer la pérdida de activos y bienes del Estado; debido a que, los sueldos fueron cobrados por dicha Concejal y la Contraloría tenía los mecanismos legales para efectuar acciones de repetición. Fue ilegal lo dispuesto de que su persona no debió percibir todo su sueldo en julio de 2013; puesto que, Heberto Juan de Dios Garay Herrera, recién renunció al cargo de Presidente del Concejo del citado Gobierno Municipal, el 2 de agosto del mismo año y el Auto Interlocutorio de medidas cautelares de 16 de julio del referido año, no le quitó el cargo de Alcalde.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- I.2.3. Intervención del tercero interesado
- denegó
- II.1.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados
- la subsidiariedad del amparo
- sino que es preciso que a través de esos medios la persona reclame todos los actos ilegales que supuestamente le causan agravio; dado que si la persona no efectuó el reclamo pertinente, pese a haber utilizado el medio de defensa previsto por ley, se entiende que consintió con todas aquellos presuntos actos ilegales u omisiones indebidas que no impugnó oportunamente, impidiendo con ello que las autoridades judiciales o administrativas se pronuncien sobre el particular
- que fueron reclamados oportunamente ante la vía judicial o administrativa pertinente; esto es en el momento hábil de producido el agravio el cual debe ser invocado necesariamente en las subsiguientes instancias sino es reparado en la primera,
- institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquéllas en que el Estado tenga participación o interés económico
- lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación
- La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero
- la entidad encargada de ejercer el Control Externo Posterior
- podrá emitir dictamen sobre las responsabilidades
- los informes de auditoría, aprobados por el Contralor General del Estado, que contengan dictamen de responsabilidad, civil como en este caso, constituyen prueba preconstituida para la acción correspondiente, instancia donde los ahora recurrentes podrán controvertir dicha prueba
- los impetrantes de tutela pretenden que se tutele sus derechos a través de la acción de amparo constitucional sin haber sido sometidos previamente a un proceso coactivo fiscal; por lo que, en virtud al principio de subsidiariedad no corresponde la tutela al existir otro medio de protección legal previsto por nuestro ordenamiento jurídico
- la emisión del Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-021/2018, con las actuaciones del control gubernamental inherentes a dicho actuado
- la autoridad competente e imparcial, quien tiene la posibilidad de analizar si evidentemente dicho dictamen cuenta con la suficiente y necesaria fundamentación y motivación
- III.4. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR