SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0798/2020-S4
Fecha: 01-Dic-2020
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
Los accionantes a través de sus abogados, ratificaron los fundamentos de la acción de amparo constitucional y ampliándola manifestaron que la SC 0452/2007 de 6 de junio, no permitía que los propietarios o terceros puedan hacer planteamientos de desincautación hasta o más bien después de la emisión de la sentencia, línea que fue modulada por la SCP 0500/2016-S2 de 13 de mayo, que estableció que la solicitud de desincautación es procedente en ejecución de sentencia siendo la autoridad competente el Juez que dictó sentencia en el proceso original, razonamiento constitucional en virtud al que tramitaron dicha solicitud ante el Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de La Paz, que fue la autoridad que dictó resolución en la causa, proceso que desconocían de su existencia ya que jamás se registró una anotación preventiva en DD.RR. pese a que transcurrieron más de diez años, incumpliendo lo dispuesto en el art. 1 y 3 del Código de Procedimiento Penal (CPP) a efectos de que los accionantes o cualquier persona que tenga algún interés pueda conocer de la existencia de una restricción sobre el bien inmueble y como consecuencia pueda activar algún mecanismo como la desincautación, pues el aspecto formal de restringir la petición de desincautación hasta antes del pronunciamiento de una sentencia no es aplicable en virtud a la reconducción de la línea jurisprudencial referida; asimismo, señalaron que no existe razonamiento jurídico del porque se toma en cuenta una circular sobre la jurisprudencia constitucional y normativa contenida en el art. 254.1 y 2 del adjetivo penal, incurriendo la determinación de anulación en inmotivada, debido a que no se explicaron las razones que conllevan a esa decisión, generando incertidumbre en los justiciables al no existir pronunciamiento positivo o negativo de fondo, que deviene en vulneración a la tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y a la propiedad privada al no tener la posibilidad de poder usar, gozar o disfrutar y menos disponer de ese bien inmueble.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- a)
- 1)
- denegó
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.9.
- II.10.
- II.12.
- II.14.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La apelación y la labor del Tribunal de alzada
- En efecto, las apelaciones en general y particularmente la apelación incidental, debe entenderse como un elemento integrador del debido proceso, en su dimensión del derecho a recurrir el fallo judicial o, la impugnación a las resoluciones judiciales.
- Si el tribunal de apelación, en su labor de compulsa y revisión de la resolución impugnada pudo constatar errores y defectos, le corresponde emitir directamente un nuevo pronunciamiento debidamente fundamentado, sin necesidad de instruir al inferior pronunciar un nuevo fallo en base a los fundamentos en los que hubiera arribado el ad quem, esta comprensión es acorde con el principio procesal de celeridad, eficacia e inmediatez, que son propios de la administración de la justicia ordinaria; toda vez que, sería innecesario hacer un trámite reiterado, cuando el tribunal de alzada también está revestido de todas las facultades para administrar justicia a la par del inferior que generó la resolución impugnada. Desde luego, los entendimientos y razonamientos en los que haya arribado el tribunal de apelación le servirán al inferior para que en otros casos similares aplique esas mismas lógicas.
- Lo que no puede bajo ninguna circunstancia el tribunal de alzada, es modificar la relación de los hechos que condujeron al tribunal ad quem a dictar el fallo observado, es decir, no puede dicho tribunal superior definir qué hechos fueron los conducentes para que se emita determinada resolución, porque en la práctica estaría definiendo el accionar de las partes del proceso para emitir posteriormente la resolución que sea pertinente; al contrario sensu, sobre los hechos ya establecidos, señalados y probados puntualmente, debe emitir un pronunciamiento imparcial y acorde a la normativa que atinja al caso concreto
- III.2. Procedencia del incidente de desincautación en ejecución de sentencia
- sin perjuicio que el propietario de los bienes, también pueda demostrar su derecho real sobre el mismo, toda vez que no es adecuado confiscar bienes cuya titularidad de dominio no corresponde al imputado
- no se puede efectuar una interpretación con una excesiva rigurosidad de la citada disposición, toda vez que se debe considerar que en las investigaciones penales no solo se secuestra, incauta o confisca bienes que pertenecen a los imputados, sino también a terceras personas que en el momento de la investigación no se encuentran en la posesión de los bienes muebles o inmuebles incautados
- resulta pertinente modular el razonamiento asumido en la 0452/2007-R de 6 de junio, con relación al momento hasta el cual resulta procedente formular el incidente sobre la calidad de bienes y solicitar la devolución del mismo, debiéndose asumir el razonamiento efectuado por el Tribunal Supremo de Justicia respecto a que: ‘Sí en la etapa de los incidentes no se hubiere opuesto la solicitud de devolución de los bienes incautados, dicho petitorio procede en ejecución de sentencia ante el órgano que conoció la causa y pronunció el fallo correspondiente, conforme a los artículos 44, 52, 53 y 54 inciso 7) del Código de Procedimiento Penal, que determina que el Juez o Tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas’
- III.3. Análisis del caso concreto
- Fragmento 25
- III.4. Otras consideraciones
- REVOCAR
- 2º Disponer