AUTO CONSTITUCIONAL 0045/2020-RCA

Posteriormente, sin que medie notificación nueva, ni ponerles en su conocimiento nuevos hallazgos, así como la arbitraria designación de un supuesto perito, se pronunció el Informe Complementario LX/EP08/015-C1 de fecha 11 de julio de 2019, que en su “HOJA NRO. 230 CONTIENE SIMPLEMENTE UN SELLO QUE REZA: EL INFORME QUE ANTECEDE ES APROBADO Y SUJETO A LA APLICABILIDAD DEL ART. 77 DE LA LEY DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL Y A LOS RESULTADOS DEL PROCESO COACTIVO. LA PAZ 09 AGO. 2019 DR. HENRY LUCAS ARA PÉREZ CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO” (sic), aprobando tanto el informe de auditoría preliminar como el complementario, sin previa notificación con el último Informe, para que puedan oponerse, observar, refutar e impugnar; y, sin que el Contralor General del Estado emita una resolución motivada en la cual hubiera tenido que valorar una serie de ilegalidades y lesionando a sus derechos fundamentales; la incongruencia entre los cargos iniciales, la supuesta responsabilidad civil que se les endilga, con los cargos por los cuales se los sanciona en el informe complementario; así como la determinación arbitraria y unilateral de una pericia, con un perito no autorizado en Santa Cruz, del que no tuvieron conocimiento; sino que fueron notificados directamente con el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-022/2019 de 9 de agosto, sin que medie una comunicación previa, por la cual se establece indicios de Responsabilidad Civil solidaria en las sumas de Bs1 818 587,40.- (un millón ochocientos dieciocho mil quinientos ochenta y siete 40/100 bolivianos), para una parte de los accionantes; y, Bs2 450 405,336.- (dos millones cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos cinco 336/bolivianos) -siendo lo correcto Bs2 450 495, 336-, para otros, montos que se debe cancelar en el plazo de diez días hábiles desde la notificación correspondiente, pudiendo ser pasivos a un proceso coactivo fiscal de ejecución coactiva en caso de no proceder a la cancelación en veinte días hábiles; motivo por el cual, se encuentran injustamente coercionados al pago de una supuesta e ilegal determinación económica.