SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0098/2020-S3

Dentro del proceso de resolución inmediata seguido por Sandra Grágeda Salinas -hoy tercera interviniente- en su contra, el 8 de julio de 2019 observó la liquidación de pago de asistencia familiar de 27 de junio de igual año; corrida en traslado por providencia de 10 de julio del mismo año, fue notificado en Secretaría del Juzgado pese a que señaló su domicilio real.

Posteriormente, la demandante -dentro del referido proceso familiar- respondió a la referida observación por memorial de 22 de julio de 2019, a cuyo efecto el Juez hoy accionado por proveído de 23 del citado mes y año, señaló audiencia para el 5 de agosto del mismo año, que le fue notificado en Secretaría del Juzgado, motivo por el que no tuvo conocimiento de dicho señalamiento de audiencia; y, ante su incomparecencia se dio por desistida la observación efectuada, aprobándose la liquidación de pago de asistencia familiar, actuado procesal que también le fue notificado en Secretaría del Juzgado.

Así, el 21 de agosto de 2019, la mencionada demandante solicitó se expida mandamiento de apremio corporal en su contra, por el incumplimiento del pago de Bs68 775.- (sesenta y ocho mil setecientos setenta y cinco bolivianos); en consecuencia, mediante proveído de 22 de igual mes y año, se dispuso se expida dicho mandamiento, ordenándose sea conducido al Centro Penitenciario San Sebastián Varones de la ciudad de Cochabamba; ese proveído, de igual manera, le fue notificado en Secretaría del Juzgado, no obstante que la parte contraria conocía su domicilio real, en razón que, la sentencia de homologación de documento transaccional de asistencia familiar le fue notificada en dicho domicilio. Así también, no existe ningún proveído que establezca que señaló domicilio procesal en Secretaría del Juzgado, por lo que el Juez -ahora accionado- tenía la obligación de ordenar la notificación en su domicilio real, al margen de que él y su abogado asistan con regularidad al Juzgado -donde radica la causa- con el fin de ser notificados con los actuados.

Finalmente, la intimación de pago que ordena la cancelación de la asistencia familiar -devengada- fue notificada al tercer día en el tablero del Juzgado de la causa. Pese a la notificación ilegal, la autoridad judicial -hoy accionada- emitió el mandamiento de apremio corporal de 24 de agosto de 2019, siendo ejecutado el 2 de septiembre de igual año a horas 16:00 aproximadamente.