SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0171/2020-S4
Fecha: 21-Jul-2020
a)
La solicitante de tutela en audiencia, ratificó in extenso su memorial de interposición de la presente acción de amparo constitucional y ampliándola señaló que: a) Ambas resoluciones se basan en los arts. 27 y 29 del Código de Procedimiento Penal (CPP); empero, ninguna de las autoridades revisaron el art. 101 del Código Penal (CP), que fue modificado e incorporado por el art. 14 de la Ley de 2033 de 29 de octubre de 1999 –Ley de Protección a las Víctimas en Delitos Contra la Libertad Sexual–, modificación o incorporación que a la fecha no fue motivo de cambio o derogación, lo cual hace ver que la misma se encuentra en plena vigencia y por lo tanto es de aplicación obligatoria por los jueces y tribunales; y, b) Los fallos cuestionados violaron el debido proceso destruyendo el derecho la defensa, causando además indefensión a la parte denunciante y a la víctima directamente ofendida, que es la menor, quien antes de cumplir una mayoría de edad y que posterior al cumplimiento de la misma tendría cuatro años para denunciar y recién operar la prescripción de la acción.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.2.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales
- Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo;
- III.2. Consideración y cómputo de la extinción de la acción penal en delitos cometidos contra niña, niño o adolescente
- será el interés superior del niño
- En este entendido, este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño, que merecen todas las medidas necesarias y especiales para asegurar que se cumpla el mismo, que fue desarrollado en el caso Bulacio vs Argentina, así como en a Opinión Consultiva sobre la situación jurídica y derechos humanos del niño.
- En virtud a lo referido, el art. 60 de la CPE dispone que: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’, que se ajusta a la Convención de los derecho de niño, por ello, es importante referir que cuando los administradores de justicia tengan que resolver situaciones en las que se encuentren involucradas la vulneración de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, deben tener presente el principio de protección reforzada frente a otros intereses, en el marco del interés superior, tomando en cuenta principalmente que los delitos que afectan a este sector reviste mayor gravedad.
- Auto Supremo 571 de 22 de noviembre de 2010, en un caso similar, estableció que ‘de acuerdo al Derecho Penal Internacional se prevé la prolongación del plazo prescriptivo en aquellos delitos sexuales donde el abuso del adulto haya sido perpetrado contra un menor de edad, el plazo empieza a transcurrir a partir del momento en el que el niño abusado haya alcanzado la mayoría de edad
- III.3. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR