SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0222/2020-S3

En el proceso de divorcio seguido por María del Carmen Camacho Salas en su contra, la Jueza ahora accionada sin tomar en cuenta su situación económica, fijó una asistencia familiar de Bs600.- (seiscientos bolivianos) a favor de sus hijos, Yanira Andrea y Juan Antonio, ambos Casso Camacho; en consecuencia, el último nombrado, cumplida su mayoría de edad, pidió la liquidación respectiva, frente a ello formuló su objeción argumentando que la suma que pretende cobrar es un monto proveniente de liquidaciones anteriores sobre las que no tendría legitimación para cobrar el total, ya que estas serían a favor de los dos beneficiarios, y al ser también mayor de edad su hija, Yanira Andrea Casso Camacho, sería la única que podría solicitar el cobro de la parte que le corresponde; sin embargo, la mencionada autoridad judicial sin tomar en cuenta dicho aspecto, simplemente se limitó a la aprobación de la liquidación solicitada por su hijo; posteriormente, emitió el mandamiento de apremio en su contra, vulnerando con ello los derechos al debido proceso y la lealtad procesal.

Su hijo, Juan Antonio Casso Camacho pretende cobrar un monto que no le corresponde, y la Jueza ahora accionada aprobó la liquidación y libró el mandamiento de apremio de forma ilegal con una suma que no se ajusta a la verdad de los hechos, ya que se trata de dos beneficiarios mayores de edad, por lo que cada uno de ellos debió realizar su trámite correspondiente.