SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0275/2020-S4
Fecha: 27-Jul-2020
a)
El accionante por intermedio de su abogada ratificó el contenido de su demanda de acción de amparo constitucional; puntualizando lo siguiente: a) El acto lesivo que se denuncia en la presente acción de amparo constitucional, constituye la emisión de la Resolución Administrativa 057/207 de 15 de agosto y de la carta notariada CAMC/MAE/WOLF/344/2017 de 16 de agosto, que determinaron la resolución del contrato de obra Construcción de Cerrado de Umamarca; decisión que fue adoptada sin la debida fundamentación y motivación al haberse basado en algunos informes, omitiendo considerar los informes 196 A y 197 B, efectuando una relación que no responde a la realidad, responsabilizando a la empresa contratista atribuyéndole causales de incumplimiento, cuando en realidad fue la entidad municipal que incumplió desde el inicio del contrato en lo que concierne a la designación de la supervisión, como en la entrega del terreno en condiciones óptimas para emprender la construcción; aspectos que de manera constante fueron reclamados y que no se consideraron a tiempo de determinar la resolución del contrato; b) Las filtraciones que se presentaron en el terreno debieron ser consideradas como causa de fuerza mayor y de ninguna manera atribuir a la empresa contratista porque escapa de su responsabilidad, pues correspondía que se suscriba un contrato modificatorio o resolver el contrato por motivos de fuerza mayor; y, c) La RA 057/2017 además es incongruente porque en el informe de 16 de junio de 2017 que recomendó que se resuelva el contrato, se señalaron como causales los incisos e) y f) de la cláusula 21.1 del Contrato, en la carta notariada de comunicación de la intención de resolución se señalaron como causales los incisos e) y f); sin embargo, la Resolución mencionada alegó como causales de resolución los incisos d), e), f) y g), denotando incongruencia entre los antecedentes y la Resolución.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- I.2. Audiencia y resolución de la Sala constitucional
- a)
- I.2.2. Informe de la autoridad demandada
- I.2.3. Intervención del tercero interesado
- denegó
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- la subsidiariedad y la inmediatez; el primero, entendido como el agotamiento previo o la constatación de la inexistencia de otras vías o recursos legales para la protección inmediata de los derechos denunciados como conculcados, por cuanto, no sustituye o remplaza a los recursos o instancias ordinarias prestablecidas en el ordenamiento jurídico.
- El segundo, instituye al amparo constitucional como un mecanismo inmediato en la protección de los derechos y garantías fundamentales, lo que permite percibir que este mecanismo de tutela, brinda una reparación inmediata frente a los actos y omisiones arbitrarias de los servidores públicos y/o personas particulares; de ahí su naturaleza regida por los principios de sumariedad, celeridad y eficacia.
- que el recurso debe ser presentado hasta dentro de los seis meses de ocurrido el acto ilegal u omisión indebida o de agotados los medios y recursos judiciales ordinarios o administrativos idóneos para hacer cesar el acto
- cuando se reclama ante instancias no competentes o por medios no idóneos, éstos no pueden interrumpir
- entenderse como medios idóneos a aquéllos previstos por el ordenamiento jurídico para impugnar un acto o determinación; por ende, la idoneidad de un recurso está dada por la ley,
- sólo las vías legales idóneas utilizadas para reparar los derechos y garantías vulnerados interrumpen el plazo de caducidad, para cuyo cómputo debe tenerse en cuenta la idoneidad del medio impugnativo utilizado, a contrario sensu, se encuentran exentos del cómputo aquellos recursos presentados erróneamente ante instancias inidóneas para reparar la lesión de los derechos y garantías constitucionales, recursos que no pueden impedir el cómputo del pazo de caducidad”
- referente a los recursos administrativos y vías de impugnación inherentes en el procedimiento de resolución del contrato, sus preceptos son de aplicación exclusiva, no pudiendo utilizarse los recursos de revocatoria y jerárquico regulados en la Ley de Procedimiento Administrativo, como medios de impugnación,
- abriéndose la vía judicial correspondiente para el control de legalidad ante su quebrantamiento, antes de la activación de la justicia constitucional a través del amparo constitucional
- aquellas controversias que resultan emergentes de la suscripción de contratos con los niveles subnacionales de gobierno departamental, municipal e indígena originario campesinos, corresponde que sean conocidas, tramitadas y resueltas por las Salas Contenciosas y Contenciosas Administrativas de los Tribunales Departamentales de Justicia, a través del proceso contencioso”
- III.5. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR