SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0265/2020-S1

“Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (la negrilla se añadió).

Del contexto de la Norma Constitucional citada, se puede advertir que el ámbito de protección de la acción de libertad, no solo involucra la protección del derecho a la libertad propiamente dicho; sino, también resguarda el derecho a la vida, que será tutelado siempre que se evidencie que se encuentra en riesgo o peligro, disposición que además encuentra en concomitancia con el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo)[1], comprendiendo que al constituirse la acción de libertad en un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad como la locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares, también se activará en el mismo sentido cuando el derecho fundamental a la vida se encuentre en peligro.

Este es el razonamiento que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha desarrollado jurisprudencialmente, a partir de la SCP 0037/2012 de 26 marzo, que analizó la esencia y el alcance de esta acción de defensa y los presupuestos que deben concurrir para su activación, entendimiento reiterado, entre otros, por la SCP 1022/2019-S1 de 21 de octubre[2].