Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0505/2020-S1
Fecha: 16-Sep-2020
II.3.
II.3. A través de Nota COD LP.CITE.:Of:0198/2018 de 12 de septiembre, Hugo Luis Torrez Quispe, Secretario Ejecutivo de la COD de La Paz puso en conocimiento del demandante la Resolución de expulsión; se tiene adjunta “Resoluciones Ampliado Departamental de la C.O.D.LP.” (sic) sin fecha ni firma, la cual en el punto primero señaló la expulsión del accionante (fs.4 a 6).
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- Fragmento 2
- a)
- concedió totalmente
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II. 4.
- II. 5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre el
- 1)
- Fragmento 14
- i)
- Fragmento 16
- alcanzando a cualquier autoridad o servidor público
- Fragmento 18
- Respecto a personas particulares
- III.2. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR
- Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
- lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho
- la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley
- el Estado está obligado a resolver la petición
- la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla
- cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable
- además de motivada.
- se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba
- el plazo previsto por Ley