AUTO CONSTITUCIONAL 0085/2021-RCA

Por memorial presentado el 3 de marzo de 2021, cursante de fs. 50 a 57 vta.; los accionantes refieren que desde hace varios años atrás se dedican a la comercialización de agregados, siendo parte del Sindicato de Explotación y Transporte de Agregados (SETAPP) de la provincia Punata del departamento de Cochabamba; con el paso del tiempo y el incremento de demanda adquirieron un terreno agrícola en la Comunidad de Huasa Mayu Grande, que en gran parte ya se encontraba explotado por el anterior propietario quien se dedicaba también a la comercialización de agregados; el año 2018, mientras se encontraban trabajando en su actividad, existió cambio de directorio en la mencionada Comunidad, asumiendo como dirigente Crisologo Apaza Sipe, quien desde que asumió la dirigencia empezó a asumir acciones discriminatorias en su contra para que ya no puedan trabajar en la comercialización de agregados, bajo amenaza de destrozo de material e instrumentos de trabajo.

Señalan que desde enero de 2019, la situación en su trabajo se tornó más tensa, pues el nombrado dirigente en más de una ocasión les paró la maquinaria en plena actividad, además de inculcar ideas en su contra a los Comunarios, llegando a convocar en varias oportunidades a la citada Comunidad para impedirles trasladar su material perjudicando de gran manera su trabajo cotidiano.

Indican que el 9 de julio de 2020, estando el coaccionante Basilio Rosas Vidal, trasladando material, la comunidad de Huasa Mayu Grande, a convocatoria de Crisologo Apaza Sipe, bloquearon el camino y empezaron a increparlo y amenazarlo para que pare su trabajo, por lo que en la misma fecha presentó una nota al Dirigente mencionado, pidiendo convoque a una reunión a fin de solucionar su problema, la cual ni siquiera fue recibida; por el contrario, de manera verbal se le indicó que como seguía trabajando debía atenerse a las consecuencias, y que se dio la parte a la “Alcaldia” que en cualquier momento le decomisaría todo; por lo que desde dicho día no trabajó pese a tener muchos pedidos que entregar y que necesitaba trabajar para alimentar a su familia; no obstante que, en toda la cuarentena decretada por el Gobierno central por la pandemia del CORONAVIRUS (COVID-19), no hizo ni un solo trabajo por lo que ya no tenía recursos económicos.  

Consiguientemente, ante la desesperación de mantener a su familia, el 16 de julio de 2020, se atrevió a trabajar y entregar sus pedidos; sin embargo apareció Crisologo Apaza Sipe y toda la Comunidad para nuevamente impedir su trabajo, quienes en primera instancia le dijeron que no podía moverse y deje todo, ya que funcionarios de la “Alcaldía” tenían que decomisar su material; posteriormente, llegaron funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Punata del departamento de Cochabamba, con dos volquetas y una pala cargadora, entre los que se identificó Víctor Sotomayor Guzmán, como Responsable de Unidad de Medio Ambiente y Aseo Urbano, quien sin una Resolución o citación para que pueda presentar descargos, le informó que se decomisaría todo su material e instrumentos de trabajo, por tener problemas con la Comunidad; por lo que, bajo presión y sin estar en sus cabales, ante la amenaza del decomiso de sus instrumentos de trabajo, además de estar toda la Comunidad presente, firmó un acta redactada por el mismo funcionario municipal, la cual también fue firmada por el dirigente Crisologo Apaza Sipe, quienes a su vez le advirtieron que en caso de incumplir con tal acta, inmediatamente le decomisarían su material y herramientas; razón por la cual desde ese hecho irregular no pudo trabajar, ya que el citado dirigente constantemente lo vigilaba, lo que naturalmente repercutió en su economía familiar y el incumplimiento de pago de sus deudas.

Alegan que, el 4 de enero de 2021, al no poder soportar la situación de no generar ingresos económicos, juntamente a su hijo procedieron a trabajar con el preparado y lavado de arena para ser entregada en la tarde; sin embargo alrededor de las 9:30, la Comunidad de Huasa Mayu Grande a la cabeza de sus actuales dirigentes Eliodoro Vásquez y Crisologo Sipe Apaza, se constituyeron en su terreno directamente a ocasionar destrozos y daños materiales de consideración, rompiendo el parabrisas de su pala cargadora, destrozando sarandas que sirven para cernir la arena, agrediendo físicamente a su hijo, llevarse una moto bomba de agua y un machete que sirve para hacer el desmonte y destrozar mangueras de agua; aduciendo que existía un acta de compromiso para ya no trabajar, sin considerar que la firma de ese documento se realizó bajo presión y sin consentimiento, por lo que en realidad la Comunidad y sus dirigentes cometieron medidas de hecho que le impiden trabajar.

Finalmente aluden que, el hecho que marcó el inició de la acción de amparo constitucional fue el de 4 de enero de 2021, donde los demandados procedieron a realizar destrozos e ingresar sin autorización a su actividad laboral, amenazar de muerte a sus personas e hijo, logrando parar su trabajo al impedir que se lave el material que producen para su comercialización bajo amenazas de realizar peores cosas, pese a que dicha atribución no les compete, existiendo en todo caso autoridades facultadas para hacerlo, sin embargo se los obliga a retirarse de forma agresiva de su terreno, dejando a su familia sin sustento económico alguno.