VOTO DISIDENTE A LA SCP 0023/2021

El mismo Comité, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examina las obligaciones de los Estados partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia, señalando que en cuanto a los sistemas de justicia plural el Comité reconoce que las leyes, reglamentos, procedimientos y decisiones estatales pueden coexistir dentro de un Estado parte con leyes indígenas o comunales y prácticas religiosas tradicionales. Esto se traduce en la existencia de sistemas de justicia plural donde también debe garantizarse el acceso a la justicia a las mujeres. Los Estados partes tienen la obligación en virtud de los arts. 2, 5 inc. a) y 15 de la citada Convención, y otros instrumentos internacionales de derechos humanos de garantizar que los derechos de las mujeres sean igualmente respetados y que las mujeres estén protegidas contra violaciones de sus derechos humanos en todos los componentes de los sistemas de justicia plural. Entre las recomendaciones realizadas se destaca para la resolución del caso la que establece la obligación del Estado de asegurar que las mujeres puedan elegir, con un consentimiento informado, la ley y los tribunales judiciales aplicables en los que preferirían se tramiten sus reclamaciones.

La Constitución Política del Estado en su art. 13.IV, establece que: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”.