SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0227/2021-S3

La parte accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la petición; por cuanto, desde el 18 de agosto de 2015 y reiteradas solicitudes; y, ante la falta de contestación a las mismas, por notas de 7 de enero de 2019, 18 de marzo, 8 y 13 de julio, todos de 2020, solicitó al Alcalde del GAM de Independencia del departamento de Cochabamba -ahora accionado-, la cancelación de la planilla 1 (cierre de avance de obra en la ejecución del proyecto); sin embargo, no merecieron respuesta alguna por parte de dicha autoridad.

Identificada la problemática planteada, del análisis de los actuados procesales contenidos en la presente acción de defensa, se evidencia que, la parte accionante por nota de 18 de agosto de 2015, dirigido a David Campero Morales, entonces Alcalde del GAM de Independencia, pidió el pago certificado de avance de obra 1 (única) del proyecto “‘MEJORAMIENTO DE ACCESO AL PUENTE VEHICULAR CHARAPAYA (CON 2 EXCAV[A]DORAS 320 O SU EQUIVALENTE Y COMPRESORA)’” (sic), por el monto económico de Bs989 495.- que corresponde por los trabajos ejecutados (Conclusión II.1), sustentándose en la falta de respuesta pronta y oportuna a dicha petición, posteriormente presentó ante la autoridad ahora accionada, la nota de 7 de enero de 2019, demandando la antedicha petición, misma que fue reiterada por escritos de 18 de marzo, 8 de julio y memorial de 13 de igual mes, todos de 2020 (Conclusión II.2); al respecto, cabe hacer notar que desde la primera solicitud de 18 de agosto de 2015 y reiterada el 7 de enero de 2019, transcurrieron más de seis meses de presentada la petición que antecedía, interponiéndose la presente acción de amparo constitucional el 24 de julio de 2020.

Es decir, desde la primera nota esperó más de tres años para recién el 7 de enero de 2019, conforme a los antecedentes de la presente acción tutelar, reiterar su petición, lo que evidentemente deja ver que actuó de forma pasiva ante la falta de respuesta que ahora denuncia, cuando lo que concernía era que de forma oportuna haga el reclamo de la misma, actuación que ciertamente desconoce el principio de inmediatez debido a que, correspondía a la prenombrada efectuar el seguimiento oportuno a su pedido, no pudiendo presentar de manera posterior solicitudes esporádicas, ocasionales o circunstanciales, como ocurre en el caso de análisis con las notas de 18 de marzo, 8 de julio y memorial de 13 de igual mes, todos de 2020, mediante las cuales la impetrante de tutela haciendo referencia a su pedido inicial y con el mismo objeto, reiteró el pronunciamiento respecto a la misma; en ese entendido, incumbía a la mencionada reiterar oportunamente lo requerido y ante la falta de respuesta o pronunciamiento, según corresponda, tenía la posibilidad de plantear dentro del término debido la presente acción tutelar en caso de considerar lesionado su derecho a la petición con respecto al primer escrito. Así la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que: “…no es posible que el agraviado deje pasar cierto tiempo sin prestar atención al trámite, es decir actuando sin interés en causa propia, y después de un tiempo, nuevamente vuelva a reclamar y luego otra vez abandonar su reclamo o medio impugnativo, y así sucesivamente sólo para interrumpir o dejar en suspenso el plazo de caducidad, sin que frente a una falta de definición se acuda rápidamente al amparo como mecanismo de protección inmediata. Estos aspectos no pueden pasar inadvertidos, pues cada acción de un ciudadano tiene una consecuencia jurídica, y la actitud desidiosa no puede encontrar respaldo en esta jurisdicción que no actúa de oficio, sino a instancia de parte”; en ese entendido, con relación a la solicitud pretendida por la peticionante de tutela, corresponde denegar la tutela impetrada por incumplimiento del principio de inmediatez.