SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0335/2021-S4

El 4 de agosto de 2020, en la urbanización San Luis de San Roque fueron interceptados por una multitud de personas a la cabeza de Raúl Mamani Chura, Rosmilda Salaz Chambi, Ernesto Quispe Apaza y Freddy Yujra Huanca –ahora demandados–, que los llevaron junto a ellos, golpeándolos con palos y puñetes con el único fin de retenerlos para obligarlos a hacer lo que ellos quisieran sin poder defenderse; de este modo, los constriñeron a hacer un Comunicado en nombre de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto, para convocar a los vecinos de sus distritos para salir a bloqueos de caminos sin considerar la seguridad de los mismos; así como, redactar su renuncia y una petición a la Presidente del Estado; ello, bajo amenazas de quitarles la vida sí no “hacían caso” (sic), encontrándose indefensos, denigrándolos y humillándolos al ponerles ropa de mujer para ridiculizarlos, haciéndoles caminar por la carretera de San Roque en medio de insultos y humillaciones; así como, forzándolos a darles dinero para poder armarse de petardos y explosivos, señalándoles que “si no hacen caso a sus órdenes” (sic), usarían estos explosivos en contra de su integridad física y que irían y llamarían a sus hijos para que vinieran como garantía de hacer cumplir sus órdenes, sin poder hacer ninguna llamada de auxilio.

Los hoy demandados les privaron de su libertad de forma ilegal; ya que, no les permitieron transitar, dirigiendo una multitud de personas que los cercaron y retuvieron; poniendo en riesgo su vida e integridad física, al golpearlos al grado de someterles sin considerar su situación de vulnerabilidad, al ser rodeados sin las medidas de bioseguridad exponiéndolos al contagio de COVID-19; y, amenazando a la salud pública de los habitantes de la ciudad de El Alto, al obligarlos a hacer comunicados irrazonables para que la gente salga a bloquear.