Auto Gubernamental Plurinacional S1/0101/2022

1)La documental saliente de folios 35 en fotocopia legalizada, de certificado de la comunidad del Sindicato Agrario Comunidad Campesina El Tholar, refiere que el señor Carlos Subia Subia, cumple los usos y costumbres, quien indica que es afiliado y cumple la función social de una superficie de 8.0199, documento contradictorio con la documental presentada de fs.86 a 92 pues en la misma no figura como afiliado el señor Subia, por otro lado con relación a la extensión que refiere el documento resulta totalmente contradictorio con la inspección realizada y con el estudio multitemporal pues, el mismo indica que el señor si bien cuenta con trabajos realzioado0s en parte de terrenos comunales es de una superficie de 1.400 has mas no así de la superficie referida en la certificación, la misma es valorada conforme a la sana critica.

2)La documental de fs. 36 de obrados consístete en Acta de posesión de Terreno Baldío es emitida de 18 de octubre de 1995, por lo que el documento es antes de la emisión del título ejecutorial, no corresponde en esta instancia valorar los actuados realizados por el INRA durante la ejecución del proceso de saneamiento, toda vez que Derecho propietario lo tiene la Comunidad Campesina El Tholar cumple con las exigencias establecidas por el Art. 393 del D.S. No. 29215 del Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, el cual establece que el Titulo Autentico que acredita el derecho propietario en materia agraria, es precisamente el Titulo Ejecutorial, o en su caso un documento de transferencia registrado en Derechos Reales con antecedente dominial en Titulo Ejecutorial. Artículo que es concordante con el parágrafo I y II) del Art. 1538 del C. C.

3)La documental saliente de folios 37 en fotocopia legalizada, de certificado de la Central Sindical Uncia de Trabajadores Campesinos de Culpina, refiere que el señor Carlos Subia Tarifa Subia posee el terreno desde el año 1993 en el Municipio del Tholar Bajo en el Municipio de Culpina, certificado de 05 de noviembre de 2020 documento que respalda la posesión del terreno, la misma es valorada conforme a la sana critica. Correspondiendo ver o no la existencia de avasallamiento del total de lo demandando. Por otro lado, esta prueba no indica La superficie que trabaja el demandando, por lo que debe establecerse si existe autorización o posesión legal en el predio colectivo y la superficie del mismo

4) La documental de fs. 38 a 40 consistente en fotocopias simples de antiguos títulos (documentos antes de la emisión del título ejecutorial) no corresponde en esta instancia valorar los actuados realizados por el INRA durante la ejecución del proceso de saneamiento pues en una demanda de desalojo por avasallamiento por tratarse de un proceso sumarísimo que tutela el derecho propietario, la valoración del cumplimiento de la Función Social y posesión agraria, ya que fueron dilucidados y determinados en otra instancia, durante el proceso administrativo de saneamiento realizado por el INRA; y posterior proceso contencioso administrativo y que finalmente concluyó con la emisión del Título Ejecutorial a efectos de reconocer el derecho propietario, por lo que no corresponde establecer o dilucidar sobre la posesión agraria en predios titulados, precisamente porque mediante el proceso de saneamiento ya se definió la posesión, cumplimiento de la Función Social y el derecho propietario, que está a nombre de los demandantes

5)La documental de fs. 41 a 66 de obrados consistentes en fotocopias legalizadas de un proceso interdictal por Carlos Subia Tarifa contra Maria Cruz Leyton, mediante el cual pide declarar probada su acción interdictal, corresponde establecer que la presente acción es avasallamiento por lo que los institutos jurídicos sin diferentes, los mismos no son conducentes para averiguar la verdad material de los hechos con relación al proceso de Avasallamiento.