Auto Supremo AS/0035/2003

Corresponde, en primer término, expresar que la dilación en el tratamiento de la presente causa, (17 años) contrasta con los principios que rigen la administración de justicia en general y particularmente aquellos de orden laboral. En efecto, los procedimientos laborales deben merecer el impulso de oficio por el que los juzgadores tiene la obligación de instar a las partes a realizar los actos procesales "bajo conminación de seguir adelante en caso de omisión" (art. 3° inc. d) Código Procesal del Trabajo). En autos ninguna de las autoridades de instancia y menos las partes procuraron impulsar el proceso con la diligencia que exige la ley y menos los jueces aplicaron la "función activa" que les acuerda el art. 4 del citado adjetivo para asumir la dirección del proceso y cuidar por su "rápida tramitación", adoptando las "medidas tendientes a evitar su paralización" y lograr la economía procesal necesaria, tal como disponen los arts. 56 y 58 del mismo código.

El criterio adoptado por las autoridades de instancia para rechazar la excepción sobreviniente de prescripción a raíz de la paralización del proceso por mas de dos años es correcto porque la pretensión de reconocimiento de derechos laborales fue formalizada en la demanda cuya admisión y posterior tramitación interrumpió el término de la prescripción previsto en los arts. 120 de la Ley General del Trabajo y 163 y 164 de su Reglamento, sin que resulte aplicable la invocación del art. 1510-1) del Código Civil