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En tal sentido, el debido proceso penal establece que la persecución penal por parte del Estado debe culminar en un plazo razonable; de ahí que la jurisdicción ordinaria se fundamenta entre otros en el principio de celeridad, conforme establecen los artículos 178 y 180 de la Constitución Política del Estado
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- CONSIDERANDO: que el trámite correspondiente al caso de autos sufrió demoras tanto en el trámite
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- Firmado