Auto Supremo AS/0101/2010

CONSIDERANDO: Que, coincidentemente Marcelo Paz Navajas (fs. 1998 a 2001 vlta.), Víctor Arequipa Peña (fs. 2003 a 2006 vlta.) y Daniel Aranibar Talavera (fs. 2033 a 2036 vlta.), en sus recursos de casación "en cuanto a la forma y en cuanto al fondo" de 20 de enero y 13 de febrero de 2006, citando "los artículos 254 (núms. 4 y 7) y 253 (núms. 1 al 3) del Código de Procedimiento Civil", acusan: Como nulidad, mencionan que la empresa demandante no efectuó sus presentaciones en juicio "por intermedio de representante", al efecto apuntan los arts. 52 núm. 3) del Código Civil, 1, 3, 12, 135, 164, 195, 203 del Código de Comercio, 56, 50, 58, 60 y 254 num. 7) del Código de Procedimiento Civil; "solo accionó" uno de los dos mandatarios de la empresa demandante, Juan Carlos Urenda Díaz, asumiendo tal calidad de forma "indebida, arrogatoria y viciada en absoluto", al efecto anotan los arts. 804, 834, 50, 56 y 58 del Código de Procedimiento Civil; obligando la aplicabilidad del art. 254 (núms. 4 y 7) del Código de Procedimiento Civil. En el fondo, manifiestan que no se puede trastocar un contrato de riesgo compartido en exigencia judicial traducido en cobro de deuda ordinaria, se soslayo el análisis del riesgo compartido, se demando el pago de una obligación ajena al propio contrato inserto en un documento que sólo es una instrucción para notario de fe pública, el contrato compartido no puede surtir efectos de pago de obligación, comprendiendo a las dos partes igualitariamente, siendo la empresa demandante codeudora, señalan en definitiva que la empresa demandante adeuda a la empresa demandada el mismo importe reclamado en la demanda, asimismo indican que en el auto de vista recurrido se advierte in-organicidad e inexistencia de las causas que determinaron el fallo, y reiteran que el contrato es una simple instructiva; al efecto registran los arts. 236, 190, 253 num. 1), 3 num. 1), 90, 251 del Código de Procedimiento Civil, 1 núms. 1), 9), 14) de la Ley Nº 1455, 21, 22, 23, 1279, 1281 y 1449 del Código Civil. En último término, refieren que las disposiciones citadas son de carácter procedimental