Auto Supremo AS/0140/2011

SALA PENAL PRIMERA

Auto Supremo: No. 140

Fecha : Sucre, 02 de marzo de 2011

Expediente : Nro. 60/09

Distrito : La Paz

VISTOS: El recurso de Nulidad y Casación interpuestos por Antonio Chávez Gumucio, (fs. 2540-2600 y vlta.), contra el Auto de Vista dictado mediante Resolución No. 142/2008 de 06 de noviembre de 2008 (fs. 2526, 2527 y vlta.) y su complementario No.158/2008 de 22 noviembre de 2008, (fs. 2536 y vlta.), emitidos por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, y el acusador particular Alberto Loayza Caro, contra el referido recurrente y otros, por los delitos de Sociedades o Asociaciones Ficticias y Estafa previstos en los arts., 335 y 229 del Código Penal, los antecedentes de la materia; y:

CONSIDERANDO: Que, previamente es necesario aclarar que por determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional, que dictó la Sentencia Constitucional No. 1716/2010-R de 25 de octubre de 2010, en cuyo fundamento III.4, octavo párrafo, señaló que: "(...) el Tribunal de Casación, no tiene facultad para tramitar una petición de extinción de la acción, que en su trámite implicaría la sustanciación de una excepción que en estricta observancia del art. 50 del CPP, la Corte Suprema de Justicia, no tiene competencia para hacerlo, dado que el citado precepto la limita a las tres situaciones específicas:"1) Los recursos de Casación; 2) Los recursos de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada, y 3) Las solicitudes de extradición. Al margen de esa restricción legal insalvable, se agrega una imposibilidad fáctica, por cuanto el trámite de las excepciones incluye la eventualidad de su impugnación conforme previene el art. 403 inc.2) del Código citado, consagrado además en el art. 180.II de la CPE, debido a que si la petición de extinción de la acción sería conocida y resuelta por el Tribunal de Casación, las partes que intervienen no tendrían un medio de impugnación contra dicho pronunciamiento que admita o rechace dicha solicitud, convirtiéndola en una decisión indebidamente inapelable, pero además dictada por un órgano incompetente, por más que se tratase del máximo Tribunal de Justicia, situación que por supuesto bajo ningún concepto puede concebirse en un Estado de Derecho instituido por la misma Constitución Política del Estado, en base también al principio de igualdad de las partes del proceso..." (Las negrillas y cursiva son nuestras)