Auto Supremo AS/0651/2014

Ahora bien,   considerando los  principios que   sustentan  a  la potestad  de  impartir justicia  como ser  la  equidad, seguridad jurídica,  publicidad, probidad,  celeridad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad,  servicio a   la   sociedad,  armonía social y  respeto  a  los   derechos, y  a  su vez,  los   principios procesales que  rigen a  la jurisdicción  ordinaria,  entre   ellos, transparencia, celeridad,   probidad,   honestidad,    legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de  las  partes  ante   el Juez;  aquella labor verificativa del  cumplimiento del  requisito antes anotado, no se  debe  restringir  a  que   en   el  recurso  de   casación  se contemple de  forma explícita la  especificación de  la  ley  o  las leyes que   se  consideran fueron vulneradas,  aplicadas falsa   o erróneamente  y  la   especificación sobre  en   qué   consiste  la violación, falsedad, o error, el cumplimiento de ello puede estar implícito o  disperso  en   el  recurso  de   casación  y  no   sería conducente  con   un   sistema judicial  que   procura  la  verdad material la  exigencia con  rigurosidad de  la  explicites de  los requisitos cuando fácilmente de una   lectura y análisis integral del   recurso  se   puede  desentrañar   el cumplimiento  de   los requisitos   y   posibilitar   así   una    resolución en el fondo  que elimine el estado de  indeterminación de  las  partes  procesales, contribuya a la pacificación social y la seguridad jurídica. Corresponde  también   mencionar   que    dicha   norma   legal pertenece  a  una concepción de  orden  rigorista y  ritualista, proveniente de fuentes conservadoras y de tradición formalista, no conducente con los valores y principios que  ahora contempla la Constitución y que  son  propios de un  "Estado Unitario Social de   Derecho Plurinacional  Comunitario..."  (artículo  1  de   la Constitución Política del  Estado Plurinacional), por  lo que  toda interpretación que  se  efectué debe  ser  "desde y  conforme a  la Constitución" ya  que  una   interpretación literal o gramatical de esta    norma   no    estaría   acorde  al    sistema   constitucional imperante ni  al  bloque de  constitucionalidad, que  proclaman por sobre todo formalismos y ritualismo, el acceso a la justicia. Del  estudio  y   análisis  de   los   antecedentes  del   recurso  de casación, se tiene  que:

La parte  recurrente considera que el Poder N° 192/2006 de 5 de junio, sería  insuficiente para  accionar en  su  contra, ya  que  fue conferido por  Maria Elizabeth, Rosario Jeanneth  y Ana  Julieta, todas Antonio Salemi en  favor de  María Raquel y  Pablo Julio Antonio Salemi y Pablo Wilson Antonio Azzi, para que  en  forma conjunta o  individual ejerciten la  acción judicial  de  diferente índole contra  Martha  Valdez de   Ríos, Julio    Ríos   Pérez y/o Rodolfo Ríos  Valdez. En ese sentido, se  tiene que el indicado documento  cursante de fojas 1 a 3 de obrados,  concede facultades para que se proceda a  la  recuperación del  lote  de terreno objeto de autos, con  una  superficie de 600  m2,  ubicado en la esquina de la  Calle 4 y AvenidaVera de la zona  de Irpavi de  La  Paz,  inscrito y  registrado en  Derechos Reales bajo   la Partida N° 01085375, de  5  de  mayo de   1969, emigrada a  la  matrícula N° 2010990061770. Teniéndose a  partir  del  mismo que  corresponde evidente que  dicho documento fue  conferido para  instaurar  acciones judiciales contra: "...de Martha Valdez de  Ríos, y/o   Julio   Ríos  Pérez y/o   Rodolfo Ríos  Valdez (...)  y contra  toda  otra  persona  que  asuma  actitudes    o propósitos ilegales contra  aquellos   derechos"   (sic), sin  limitación alguna en las  diferentes fases  procesales que  permitan la reivindicación de   sus    derechos,  acciones  negatorias  y   pago   de   daños  y perjuicios ocasionados; máxime, si  conforme a  lo  mencionado en el Auto  de Vista recurrido, "María Raquel Antonio Salemi, en uso   del  poder  notarial  (señalado) y  con   la   facultad  que   le confieren  los   artículos  811   del   Código Civil  y   62   de   su procedimiento, en el entendido de la extensión de las  facultades otorgadas que  no  sólo comprenden los  actos para  los cuales ha sido conferido, sino  también a aquellos que  son  necesarios para su  cumplimiento; por memorial de fs. 68-74 interpone demanda contra   Gregaria  Ángela  Mamani  Cari,    en    su    calidad  de detentadora del inmueble al que  se refiere el mandado y el título de  propiedad que  cursa  a  fs.  4-6  del  proceso" (sic), en  forma posterior la   demandada  asuma  defensa  dentro  del  indicado proceso, participando  en  forma activa del  mismo, sin   haber efectuado observación alguna del extremo hoy denunciado