Consecuentemente, y en consideración a que la contingencia del presente caso deriva del incumplimiento de
Bajo el entendimiento sostenido por la referida jurisprudencia que fue modulando anteriores criterios emitidos por este mismo Tribunal, se infiere que la contención emergente de los contratos administrativos corresponde conocer en su trámite al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena como proceso contencioso, jurisdicción procesal que deberá mantenerse hasta que el Órgano Legislativo dote de la normativa adecuada como una Jurisdicción especializada, dispuesta así por la actual Constitución Política del Estado, en la última parte del artículo 179 parágrafo I que dispone: “... existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley.” y, en ese mismo sentido por el artículo 4 numeral 3) y en su disposición transitoria décima de la Ley del Órgano Judicial, posición legal que no es contraria al Derecho comparado, lo privado regido por la jurisdicción Civil y lo administrativo por la jurisdicción Contenciosa- Administrativa.
De lo referido se establece que las normas constitucionales anterior y actual así como la normativa que rigen la materia, no confirieron ni confieren a la jurisdicción ordinaria Civil la competencia para la tramitación de contención derivada de contratos administrativos, precisamente por la naturaleza de estos; derivando la sustanciación en juzgados de materia Civil, como en el caso, otorgándole un marco erróneo de legalidad sin que se considere de dónde nace su competencia, aspecto que no puede ser convalidado por este Tribunal Supremo de Justicia, en virtud del acatamiento constitucional y legal por el que se rige, sin que represente restricción al acceso a la justicia, al contrario, la supremacía del debido proceso para los justiciables, que no debe apartarse del Juez natural, pues él es la garantía de otorgar la seguridad jurídica regida bajo un principio de legalidad.
Consecuentemente, y en consideración a que la contingencia del presente caso deriva del incumplimiento de los contratos por parte de la Empresa Consultora JIMAR Ltda. que perjudica al Municipio de San Ignacio de Moxos, perjuicio emergente de los contratos administrativos de dos la elaboración de dos consultorías de pavimento suscritos, entre el Municipio y la Empresa Consultora, los hechos se subsumen a la norma expresada en el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual, se concluye que al tramitar los Tribunales inferiores ordinarios en materia Civil y comercial el presente como un proceso ordinario Civil, han administrado justicia sin la competencia requerida, que es de orden público y su límite es fijado por Ley, esto conlleva necesaria y obligatoriamente a una nulidad procesal, al haberse contrariado lo mandado por el artículo 122 de la Constitución Política del Estado que señala expresamente: "Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la Ley"
- CONSIDERANDO I
- DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN: Que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil,
- Que, las normas relativas a la jurisdicción y competencia, son de orden público y de
- Resulta imperioso y pertinente establecer la naturaleza del contrato motivo de la presente demanda de
- Lo referido, nos suscita a realizar una precisión en función a los sujetos que intervienen
- Por otro lado y profundizando el análisis del tema en cuestión, en el Auto Supremo
- Alfonso Nava Negrete señala que: "El contrato administrativo, es el contrato que celebra la administración
- Elizabeth Iñiguez de Salinas define al contrato administrativo como: "el acuerdo de voluntades generador de
- Es pertinente referimos al artículo 47 de la Ley Nº 1178 que en su parte
- En ese sentido el artículo 32 del D
- El D
- Entonces, no puede quedar duda de la distinción entre un contrato privado y un contrato
- Consecuentemente bajo este análisis doctrinal, se orientan dos exigencias en la regulación específica del contrato
- Con esos antecedentes y de la verificación que los contratos suscritos Nº 406/2006 y 430/2006,
- Así establecida la diferencia y definida la naturaleza del contrato, corresponde ahora considerar, bajo un
- En ese sentido el artículo 117 parágrafo I de la abrogada Constitución Política del Estado
- Establecido lo anterior podemos concluir que el marco legal anterior a la Constitución Política del
- Consecuentemente, y en consideración a que la contingencia del presente caso deriva del incumplimiento de
- En mérito a las consideraciones precedentes corresponde fallar conforme disponen los artículos 271 numeral 3)
- Sin responsabilidad por ser excusable
- En aplicación del artículo 17 parágrafo IV de la Ley N° 025, notifíquese al Consejo
- Regístrese, notifíquese y devuélvase.