Auto Supremo AS/0001/2015-RA

En ese contexto, sostiene que en apelación sostuvo que se está ante una cuestión civil al haber otorgado un poder al coimputado para que gestione un crédito o préstamo con garantía real de un lote de su propiedad que se halla afectado con la garantía hipotecaria y que la acreedora ahora acusadora no habría hecho uso de la vía ejecutiva para cobrar su dinero, aspecto que no fue tomado en cuenta por el Tribunal de apelación, que se limitó a repetir el argumento y fundamento del Tribunal de mérito, sin pronunciarse sobre el agravio reclamado.

También reclamó que el Tribunal de Sentencia configuró los artificios para la comisión del delito de estafa, en conclusiones subjetivas de que su persona y el apoderado se habrían puesto de acuerdo en forma dolosa para engañar a la querellante y que se había mostrado un inmueble con construcción, sin que el Tribunal de apelación haya tomado en cuenta que existe documentación de un inmueble titulado a su nombre que fue dado en garantía real de la obligación, con el valor legal que le asignan los arts. 1287 y 1289 del Código Civil y sin pronunciarse respecto a la fundamentación incongruente y contradictoria de la sentencia con la prueba, toda vez que celebró un contrato civil de préstamo de dinero con garantía real.

Añade que el Tribunal de alzada tampoco tomó en cuenta que el Tribunal de sentencia permitió la introducción de prueba en vulneración a las reglas del debido proceso, pues los testigos María Luisa Angulo de Reyes y Julio Crisanto Eguez Rodríguez, tienen enemistad marcada con su persona, por lo que declararon falsamente