Auto Supremo AS/0790/2015-RRC-L

Identificada la doctrina legal aplicable establecida por el precedente y fundamentalmente la situación de hecho que la generó, se tiene que en aquel caso la causa se originó en la suscripción de un contrato de préstamo, que a criterio del Tribunal de casación correspondía ser dilucidado en materia civil, que difiere de manera sustancial con el presente proceso, al evidenciarse del contenido de la sentencia y del Auto de Vista impugnado, que la imputada junto a otras tres personas, sonsacaron a los querellantes la suma de $us. 30.000.-, con el pretexto de venderles monitores, señalando que la referida mercadería se encontraba en la aduana y el dinero serviría para desaduanizar la misma, determinándose que la mencionada mercadería nunca existió; extremo que impide a este Tribunal desarrollar la función que la norma procesal penal le asigna teniendo en cuenta que conforme se anotará precedentemente en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar, siendo menester destacar que en casos semejantes al presente, este Tribunal dejó sentado el siguiente criterio contenido en el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto de 2014, respecto a los requisitos que deben cumplir los precedentes contradictorios: “Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional, toda vez que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley y por ende la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva; atribución, que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP y 42 inc. 3) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada)