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Por último, coincidiendo con el Tribunal de Alzada, evidenciamos que el recurrente, no estableció de forma precisa el error de derecho o hecho en la apreciación de las pruebas, y que tampoco es suficiente la simple enunciación de haberse vulnerado el debido proceso, sin mencionar siquiera cuál de sus vertientes, pese a estar obligado a demostrar la manera en que se hubieron vulnerado sus garantías constitucionales, aspecto que no puede ser suplido por los Tribunales de Alzada
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