Auto Supremo AS/0347/2016

Ahora bien, conforme se evidencia de los contratos de prestación de servicios de personal eventual de fs. 32 a 47, en su la cláusula séptima refiere que es un contrato administrativo dentro de la Ley 1178, ligado al servicio que realiza, no existiendo obligación referida a beneficios sociales por la LGT., excepto lo estipulado en el contrato, sin embargo; al no ser un servicio especializado, ajenas al giro de la institución, se convierte en un derecho adquirido, de conformidad al DS. N° 21137 de 30 de noviembre de 1985, entonces al revestirse de los requisitos de procedibilidad, se torna en exigible, al constituirse en una fracción del salario que en última instancia se constituye en un derecho humano, donde los jueces son los garantes efectivos de su gocé en la protección oportuna, frente eventuales conculcaciones de conformidad a lo previsto por los arts. 9.4 y 22; de la Constitución Política del Estado., donde el Estado por intermedio de los jueces tiene el deber de garantizar los valores, principios, derechos, así como la dignidad del trabajador. Los salarios o sueldos devengados son inembargables e imprescriptibles, siendo el subsidio de frontera un fragmento que forma parte del salario debe de ser interpretado en principios de pro persona, en procura de alcanzar su goce efectivo, como establece el art. 48.III).IV) de la CPE.
Del análisis de los antecedentes del proceso se evidencia que, la entidad demandada tiene su sede en la ciudad de Cobija que se encuentra ubicada dentro de los cincuenta kilómetros lineales de frontera, como también dicha entidad no canceló el subsidio de frontera, 3 meses por gestión 2013; por 6 meses y 11 días de la gestión 2014; 1 mes y 19 días de la gestiones 2015, por ende corresponde la cancelación de dicho derecho adquirido al trabajador. En consecuencia, no resulta evidente lo aseverado por el recurrente