Auto Supremo AS/0066/2019

Aplicando las características del Estado Constitucional de Derecho, al caso concreto, se debe dejar claramente establecido que, los derechos, principios y valores, reconocidos en la CPE, al ser la norma suprema del ordenamiento jurídico, son vinculantes para todos los habitantes de Bolivia, incluido por supuesto el SENASIR; siendo su aplicación inmediata o directa y no pudiendo ser restringidos o modificados estos derechos, por normas de menor jerarquía; por lo que, el fundamento utilizado por el ente gestor, cuando señala que no se pueden aplicar criterios garantistas de derechos en franco quebrantamiento de la Ley particular, son contrarios al criterio de interpretación de todo el ordenamiento jurídico del Estado Constitucional de Derecho y se encuentra acorde con el criterio pasado, de interpretación del Estado de Derecho, que resguardaba el principio de legalidad; esta afirmación del ente gestor, lo relaciona con el principio de especialidad de las normas que rigen el sistema de seguridad social y con el principio de defensa del patrimonio del Estado, que no condicen con el Estado que prima en Bolivia