Auto Supremo AS/0070/2019

En el caso en concreto, se evidencia que la demandante Mirian Jannet Villalobos Sandy, a través de la demanda de fs. 10 a 13 vta., pretende la reincorporación a su fuente laboral y el pago de salarios devengados, al considerar que goza de estabilidad laboral por que presto servicios en el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, sin contrato toda la gestión 2015 y parte de la gestión 2016, por lo cual considera que habría operado la tacita reconducción de su contrato, pues como antecedente señala la actora que trabajó con contratos de prestación de servicios desde el 05 de abril de 2011 hasta 31 de diciembre de 2014; en suma la trabajadora municipal considera que se encuentra bajo la protección de la Ley Nº 321 de 18 de diciembre de 2012, que incorpora a los trabajadores y trabajadoras municipales asalariados permanentes que desempeñan funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo a la Ley General del Trabajo; mereciendo de tal manera la tutela establecida por los arts. 46 y 48 de la CPE, del cual derivan tanto derechos como beneficios sociales, por cuanto queda claro que, la competencia de la judicatura laboral está reconocida tanto para los trabajadores sometidos a la Ley General del Trabajo como también para los servidores públicos en la medida en que dicho ámbito regula también derechos laborales adquiridos como parte del derecho social, extremos que merecen ser controvertidos y probados en juicio a objeto de establecer si lo alegado es evidente