Auto Supremo AS/0259/2020

Por otra parte, el artículo 15 IX de la Ley del Presupuesto General de la Nación aprobada para la gestión 2009, y el artículo 20.I de la Ley Financial del 2010, dispusieron que: “Para los funcionarios que trabajan en el Sistema Universitario Público y que cumplan funciones de docencia y/o administración, el total de su remuneración mensual por ambos conceptos, incluidos los beneficios colaterales, no debe ser igual o superior a la percibida por el Presidente de la República, independientemente de la fuente de financiamiento, tipología de contrato, modalidad de pago y del grupo de gasto para su ejecución”. Por su parte, la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental en su artículo 3 considera a las Universidades como instituciones públicas, por consiguiente, resulta correcto el fundamento del tribunal de alzada al pronunciar el auto de vista impugnado en observancia a las normas citadas y la prueba presentada, conforme prevén los artículos 3. j) y 158 del CPT, no siendo evidente que hubiesen vulnerado los artículos 46 y 48 de la CPE que, si bien protegen y hacen prevalecer los derechos del trabajador, no pueden desconocer la aplicación obligatoria de la normativa legal vigente.
Así entonces y con base en lo anterior, este tribunal concluye que el juicio del tribunal de apelación tanto sobre los hechos y el derecho resulta correcto, no siendo evidentes las infracciones acusadas, por lo que, no encontrándose fundados los argumentos del recurso, corresponde dar aplicación del artículo 220. II del CPC; en virtud de la expresa determinación del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo