Auto Supremo AS/0140/2022

Contra la referida Sentencia, el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, representada por su alcaldesa Ana Lucia Reis Melena, a través de su apoderada Mariela Chávez Apuri, interpuso recurso de casación, alegando que:

Aseveró que la Sentencia recurrida, no valoró que Lander Sevilla Torrico, no contaba con ninguna acreditación por la MAE, para recepcionar, conforme el art. 7-I de la Ley de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002, que establece “Las autoridades administrativas podrán delegar el ejercicio de su competencia para conocer determinados asuntos administrativos, por causa justificada, mediante resolución expresa, motivada y pública. Esta delegación se efectuará únicamente dentro de la entidad pública a su cargo”.

Alegó que el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, conforme a los informes presentados demostró que los pagos solicitados por la empresa demandante, ya fueron cancelados, conforme comprobantes de registro de gastos con preventivo N° 690, factura N° 017156, Cheque N° 0034377, hoja de ruta C.I.998/2019, numero preventivo N° 454, facturas N° 017158 y N° 0032644.

Reiteró que existió falta de delegación por parte de la máxima autoridad ejecutiva de la institución para recibir productos o adquisiciones por terceras personas, el demandante cometió el error de entregar los supuestos materiales a una persona que no tiene capacidad para poder recibir y firmar a nombre del Estado al no ser la MAE de la institución; asimismo, se demostró que los supuestos materiales no ingresaron a almacén central del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija conforme a norma.

Argumentó que no se debió valorar toda la documentación concerniente al proceso, porque se adjuntó documentación de respaldo en fotocopias simples, las cuales carecen de valor legal, conforme la Sentencia Constitucional (SC) “6800-23-15”.

Señaló que la Sentencia vulneró y contradice el principio de legalidad conforme establece el art. 232 de la Constitución Política del Estado (CPE), que rige la administración pública, atentando contra la seguridad jurídica que rige a todo el sistema de contrataciones del Estado; además, citó la SC 0195/2014 de 30 de enero de 2014, referente a la falta de fundamentación y motivación.