Auto A-1399/25

2.                 El accionante solicitó la declaratoria de inexequibilidad de las normas demandadas “y las que la Honorable Corte considera están en la misma línea”[2]. También pidió que “se exhorte al Congreso para que expida la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial prevista en el artículo transitorio 56 de la CP, a fin de garantizar la efectividad de los derechos colectivos e institucionales de los pueblos indígenas, especialmente en materia de autogobierno, consulta previa y administración de recursos públicos.”[3] A su juicio, las disposiciones cuestionadas desconocen los artículos 1, 2, 4, 7, 8, 13, 40 63, 246, 286, 287, 329 y 330 de la Constitución Política, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

3.                 El actor censuró que las normas demandadas designan a las alcaldías y gobernaciones como intermediarias políticas y administrativas en los territorios y resguardos indígenas, particularmente, en los actos de registro de autoridades tradicionales y en la administración de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, pese a que unos y otros tienen igual categoría. A su juicio, son normas discriminatorias con los pueblos indígenas y representan una manera de ejercer control político y económico sobre sus recursos públicos y respecto de los cuales gozan de autonomía, por lo que los pueblos indígenas deberían poder administrarlos de manera directa, en lugar de ser tratados como sujetos pasivos de la gestión pública. Así, argumentó que se ignoran sus sistemas propios de gobierno y manejo de recursos y los somete a reglas diseñadas para entidades territoriales no indígenas, desconociendo el principio de igualdad.

4.                 Además, agregó que el Decreto 1809 de 1993 no “fue consultado previamente con las comunidades indígenas, pese a que afecta directamente sus derechos económicos y administrativos.”[4] E igualmente, que es así como se “han mantenido a las comunidades indígenas Wayuú de La Guajira en condiciones de ‘abandono institucional’, al negarles el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y colectivos, que les corresponden”[5].