Auto A-1399/25

24.             El Auto de rechazo de la demanda del 30 de julio de 2025 fue notificado por anotación en el Estado 126 del 1 de agosto de 2025, por lo que su término de ejecutoria transcurrió del 4 al 6 de agosto siguientes. El demandante presentó el recurso de súplica el 5 de agosto del mismo año.

25.             El accionante solicitó la aplicación del principio pro actione, a fin de privilegiar el acceso a la administración de justicia por encima de los formalismos. Ello, en representación de “un etno-ciudadano indígena y veedor, que pertenece a la etnia Wayuú y en nombre de los 115 pueblos indígenas y de los 934 resguardos del país, que no fueron consultados, y que estamos constitucionalmente protegidos” como sujetos de especial protección constitucional.[30]

26.             Concretamente, el recurrente argumentó que el Magistrado sustanciador incurrió en los siguientes errores al rechazar la demanda: (i) no analizar integralmente la vulneración del bloque de constitucionalidad, en concreto, los tratados 107 y 169 de la OIT y el Pacto de San José[31]; (ii) omitir la jurisprudencia constitucional vinculante, en concreto, las sentencias C-1052 de 2001, C-856 de 2005 y C-189 de 2017 que exigen demostrar una ‘oposición objetiva, verificable y concreta entre la norma impugnada y la Constitución”[32]; (iii) no analizar el impacto negativo y discriminatorio en la asignación de recursos sobre la satisfacción de las necesidades básicas de los pueblos indígenas;[33] (iv) tampoco analizar la jurisprudencia sobre la actualización en las fórmulas de distribución de recursos públicos, conforme lo disponen las sentencias C-150 de 2015 y SU-123 de 2018[34] y (v) vulnerar el deber de motivación propio de los autos de rechazo, conforme lo establece el artículo 29 de la Constitución y los artículos 1, 2 y 9 de la Ley 270 de 1996.

27.             Con base en lo anterior, solicitó: (i) revocar el numeral primero del auto de rechazo y admitir la demanda de inconstitucionalidad; (ii) que se declare inexequibles las expresiones demandadas contenidas en el artículo 25 de la Ley 60 de 1993[35] y (iii) ordenar al Congreso que de cumplimiento a la expedición de la ley de las ETIS[36] y al artículo 329 de la Constitución y cumpla lo ordenado por él mismo en el parágrafo 2 del artículo 37 de la Ley 1454 del 2011 y (v) se realice la consulta previa con las autoridades tradicionales de los 115 grupos indígenas y los 934 resguardos de Colombia.[37]