Fecha: 18-Ago-1992
La acción pública de inconstitucionalidad está concebida como un derecho político, reservado, por tanto, a los ciudadanos colombianos. El firmante del escrito presentado a la Corte Constitucional dice actuar tan solo en su condición de apoderado judicial de la Nación- Contraloría General de la República y adjunta poder de la jefe de la Oficina Jurí...
Fecha: 17-Feb-1992
Tercero: Que la incompetencia de la Corte es evidente también a la luz del artículo 241 de la Constitución, a cuyo tenor la guarda de la integridad y supremacía de la Carta se cumplirá "en los estrictos y precisos términos de este artículo", ninguno de cuyos numerales faculta a esta Corporación para fallar sobre demandas incoadas contra la Constitu...
Fecha: 17-Sep-1992
Los dineros del Fondo Nacional del Café, a los cuales se refiere el cuestionario aprobado por la Comisión Sexta del Senado, son de carácter público y los asuntos que, respecto de dicho fondo, maneja la Federación Nacional de Cafeteros, aún siendo ésta una persona jurídica de Derecho Privado, son de interés público, razón por la cual las comisiones ...
Fecha: 24-Sep-1992
2. Mediante oficio No. 075 del 11 de septiembre de 1992, el doctor Carlos Gustavo Arrieta Padilla, Procurador General de la Nación, manifestó a esta Corte que se considera impedido para conocer del asunto de constitucionalidad planteado, por cuanto durante el trámite previo a la expedición de las normas acusadas, fue invitado por la Comisión Especi...
Fecha: 07-May-1992
La Corte Constitucional interpreta el conjunto de normas que el Estatuto Fundamental dedica a los estados de excepción, en el sentido de límite y freno al abuso de la discrecionalidad. Pero igualmente ese conjunto normativo, con las limitaciones y cautelas que incorpora, confiere al Presidente un innegable margen de discreción en lo que hace al eje...
Fecha: 11-May-1992
El Gobierno Nacional estaba facultado en el caso de debate para dictar medidas destinadas a conjurar la crisis social del momento, lo que no se lograba solamente con el aumento de los salarios básicos de los servidores estatales, sino también con la concesión de prestaciones directas, que son las que percibe personalmente el trabajador, e indirecta...
Fecha: 29-May-1992
Distinto sería el caso hipotético en el que se demandara un punto de forma -como por ejemplo un exceso en el ejercicio de facultades legislativas extraordinarias-, porque en este caso operaría un fenómeno contrario: el examen de constitucionalidad debería hacerse con base en el estatuto constitucional entonces vigente. ...
Fecha: 19-Jun-1992
El Presidente tan solo puede legislar, con apoyo en las facultades concedidas, dentro del tiempo previsto por la propia ley y los correspondientes decretos únicamente pueden tratar sobre los asuntos en ella indicados, sin lugar a extensiones ni analogías. El desbordamiento de tales límites por el Jefe del Estado representa una invasión de la órbita...
Fecha: 18-Jun-1992
No tenía el Presidente de la República facultades para establecer la incompatibilidad que trae la norma acusada en su primer inciso al disponer que no se podrá nombrar docente de "tiempo completo" o "por hora cátedra", a quienes estén percibiendo remuneraciones por el desempeño de otro cargo público. Ni para consagrar la excepción a la incompatibil...
Fecha: 25-Jun-1992
El requisito formal, especialmente previsto en la Carta de 1886 para efectos de regular la expedición de las leyes de facultades extraordinarias, es decir, el de su limitación temporal, se cumplió cabalmente ya que el artículo 2o. de la Ley 60 de 1990 del que forma parte la disposición acusada (numeral 1o.), establece un preciso ámbito temporal par...
Fecha: 25-Jun-1992
La ley habilitante facultó al Gobierno para aumentar y disminuir la planta de personal de empleados de la Rama Jurisdiccional, pero sobre la base del respeto a "las nuevas modalidades del servicio", y observando los procedimientos y criterios que rigen actualmente para el nombramiento de empleados y funcionarios de la misma. Dentro de la lista de e...
Fecha: 09-Jul-1992
El suministro de energía eléctrica es un servicio público esencial para el desenvolvimiento normal de las actividades sociales y económicas del país. La energía eléctrica, bien materia de la indicada prestación en la que se traduce el servicio, satisface una necesidad general vinculada de manera sustancial con el bienestar de la población y los req...
Fecha: 09-Jul-1992
No es extraño ni ajeno a la normativa constitucional que uno de los medios encaminados a sortear la crisis, consista precisamente en ejercer funciones legislativas mediante las cuales modifique, de manera temporal o definitiva, aquellas disposiciones que habida cuenta de las exigencias que consagran sobre el supuesto de la normalidad, obstruyen las...
Fecha: 09-Jul-1992
El constituyente distinguió las nociones de autorización previa general, autorización previa especial, y aprobación posterior de los contratos, a la luz de la Carta de 1991. En el proceso de contratación nacional participa tanto el Congreso de la República como el Ejecutivo, en forma separada y armónica, Pero la participación de estas ramas es dife...
Fecha: 16-Jul-1992
El alcance del presente fallo se contrae a los aspectos formales analizados en su parte considerativa. Quedan pues abiertas las puertas para examinar los aspectos de fondo o materiales que se relacionen con la normatividad cuestionada. El "dictum" de este pronunciamiento no es el de favorecer el ejercicio de una determinada profesión exclusivamente...
Fecha: 23-Jul-1992
La notificación personal busca asegurar el derecho de defensa, ya que al dar carácter obligatorio a este tipo de actuación procesal, se está garantizando que sea directamente aquel cuyo derecho o interés resulta afectado, o quien lleva su representación, el que se imponga con plena certidumbre acerca del contenido de providencias trascendentales en...
Fecha: 06-Ago-1992
La expedición de la Carta Política de 1991 modificó sustancialmente los elementos normativos sobre los cuales habían sido elaboradas las expuestas concepciones en torno al juzgamiento de las leyes aprobatorias de tratados internacionales y, más aún, el de estos considerados en sí mismos, pues se pasó de un texto en el que, si bien se facultaba el c...
Fecha: 06-Ago-1992
La facultad de intervenir en la economía dentro del sistema constitucional colombiano, en lo esencial, descansa primordialmente en el Congreso y por esto es una función que se ejerce en atención a intereses nacionales y unitarios. La actuación macroeconómica del Estado, adelantese ésta bajo la forma de intervención legal económica, o bajo la forma ...
Fecha: 13-Ago-1992
Cuando el estudio se refiera al contenido de los preceptos cuestionados es necesario definir su exequibilidad teniendo en cuenta la preceptiva superior vigente al momento de proferir el fallo, es decir, la Constitución de 1991, cuyo artículo 380 dispuso la derogatoria de la Constitución de 1886 y sus reformas. Según lo expresó la Corte en recientes...
Fecha: 27-Ago-1992
A la luz tanto del derecho constitucional colombiano como del derecho internacional público, el Canciller está autorizado para suscribir tratados, no así para celebrarlos, lo cual es atribución exclusiva del Presidente de la República como Jefe de Estado. Luego el Presidente de la República celebra los tratados y convenios pero el Ministro de Relac...