AMPARO DIRECTO 519/2015. 11 DE FEBRERO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ. SECRETARIO: RAMÓN LOZANO BERNAL.

A manera de preámbulo, se precisa que en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal, se prevén las bases mínimas para regular la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado; empero, no establece la forma en cómo se integrarán las pensiones.

En esa medida, es patente que la norma constitucional delegó en el legislador ordinario, la configuración legal de tal derecho, aunque siempre debe atender a las bases mínimas de aquélla.

Derivado de la potestad del Estado para crear los mecanismos nacionales, propios para satisfacer y garantizar el derecho a la seguridad social, el legislador ordinario creó un sistema de seguridad social específico para los trabajadores al servicio del Estado, el cual está a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a quien le corresponde atender las necesidades de seguridad social de esos trabajadores, incluido el pago de los seguros de vejez (jubilaciones y pensiones).

Precisamente, al interpretar el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 116/2005, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 353, de rubro: "PENSIÓN JUBILATORIA. EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL REGULAR LA FORMA DE CALCULAR SU MONTO, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", definió que la jubilación es uno de los derechos de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, pero que en dicho precepto constitucional no se prevén las bases o presupuestos conforme a los cuales se actualiza tal derecho, sino que la Constitución sólo contempla las bases o mínimos del derecho, pues reservó su configuración a la ley secundaria.

Por tanto, la Segunda Sala concluyó que es constitucional la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al fijar las bases para calcular el monto pensionario.

Ahora, en dicha ley el legislador no consideró que todas las percepciones recibidas por los trabajadores, cuando estaban activos, deban entregarse a los jubilados o pensionados, sino sólo algunas, lo que tiene sustento en que su situación no es similar a la de los trabajadores en activo, en tanto que ya no prestan sus servicios al Estado y, por ende, no pueden percibir las mismas prestaciones que se cubren específicamente por el servicio prestado o que se generan durante éste o por las responsabilidades del cargo (como horas extras o premios de puntualidad).

El artículo 57, último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete (en el cual la actora sustentó su pretensión), es del contenido siguiente: