SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE JURISPRUDENCIA 2/2020. MAGISTRADOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 6 DE OCTUBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS BERNARDINO CARMONA LEÓN, SALVADOR GONZÁLE

(SUBTÍTULO) PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO O DE UN ELEMENTO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, SIN TENER QUE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.

(TEXTO) Hechos: El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito solicitó sustituir la jurisprudencia PC.II.A. J/14 A (10a.), porque al resolver la contradicción de tesis 454/2019, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue clara al expresar que el Pleno de Circuito debió resolver conforme a la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), por lo que existía obligación de éste de modificar el criterio que sostuvo y ajustarlo al criterio de la Segunda Sala.

Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito considera que existen elementos suficientes para estimar fundada la solicitud de sustitución, ya que su criterio contenido en la jurisprudencia PC.II.A. J/14 A (10a.), no es acorde con el que ha determinado la Segunda Sala en la diversa 2a./J. 49/2016 (10a.), pues mientras aquél considera que para que un servidor público de una corporación policiaca estatal pueda promover juicio de amparo en contra de actos de imposible reparación primero debe agotar el principio de definitividad; ésta determina que contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de esos servidores públicos procede el juicio de amparo indirecto, al constituir un acto de imposible reparación y, por ende, no está obligado a cumplir con el principio de definitividad.

Justificación: En las jurisprudencias 2a./J. 72/2013 (10a.), 2a./J. 49/2016 (10a.) y 2a./J. 31/2018 (10a.), de rubros (sic): "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO." y "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE ‘NO APROBADO’, DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, entre otras cosas, que procede el juicio de amparo indirecto contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de miembros del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial de la Procuraduría General de la República y de los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así, cuando en el procedimiento administrativo de origen esté involucrado un agente del Ministerio Público o un elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y éste reclame un acto de esa naturaleza, también procede el juicio de amparo indirecto, al ser un acto de imposible reparación y del cual se encuentra exento de agotar el principio de definitividad, pues la prohibición de la reinstalación a su cargo es absoluta, lo que constituye una transgresión a su derecho sustantivo de no ser separado injustificadamente de sus funciones.