SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1437/2022-S1
Fecha: 07-Dic-2022
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1437/2022-S1
Sucre, 7 de diciembre de 2022
SALA PRIMERA
Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller
Acción de amparo constitucional
Expediente: 32714-2020-66-AAC
Departamento: Potosí
En revisión la Resolución 020/2020 de 15 de octubre, cursante de fs. 143 a 154, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Erwin Franco Choque Coronel contra Rogelio Mamani Almendras, Presidente; Rita Salvatierra Bautista, Secretaria General; Oracio Aramayo Tolaba, Primer Vocal; Elizabeth Veizaga Llanos, Segunda Vocal; todos de la Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí (ALDP); y, María Eugenia Basagoitia, Justo Gutiérrez Achura, Adela Farfán Laime y Henry López Alvarez, miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la misma Asamblea.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memoriales presentados el 24 de diciembre de 2019 y el 3 de enero de 2020, cursantes de fs. 12 a 28 y de fs. 34 a 40 respectivamente, el accionante, expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Habiendo postulado como profesional libre conforme a la Convocatoria Pública para Vocales del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, evidenció irregularidades; toda vez que, el 7 y 8 de diciembre de 2019, la Comisión de Constitución, Legislación y Régimen Electoral de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, realizó la apertura de sobres de los postulantes, quienes debían cumplir con dieciocho requisitos; empero, algunos no cumplían y conforme al art. 11 del Reglamento, la falta de un solo requisito inhabilita al postulante; en tal sentido, dicha Comisión no realizó una verificación transparente y verídica de los requisitos de los postulantes; como ser:
“Verificación de estar inscritos en el Padrón, Presentación de Certificación o Certificado de sufragio o impedimento, se pudo verificar por parte de los veedores y consultando a la página del internet YO PARTICIPO que no se encontraban inscritos en el padrón, observación que los delegados del Comité Cívico y el Colegio de Abogados de Potosí hicieron conocer como veedores y que no se tomó en cuenta porque manifestaron que se realizara este caso en las impugnaciones. Sin embargo, como veedores solicitamos que se transcriba en el Acta, empero en definitiva no lo hicieron.”
Verificación de Tener Título Profesional, presentación del Título Original o Fotocopia legalizada, en algunos casos se presentó fotocopia simple y se los Inhabilitó y otros con Declaración Jurada caso que llamó la atención de los veedores de COMCIPO y el ICAP, porque una Declaración Jurada es personal, donde puede ser sujeto de manipulación y sobre todos de Falso Testimonio, además este requisito como tal no estaba contemplado en la Convocatoria.
Verificación de No tener Militancia Política, donde se presentó el Certificado de no Militancia por mi persona, aquí se evidenció algo grave e irregular de una postulante, específicamente de Jeanneth Aranibar Mamani, toda vez que los veedores de COMCIPO Y DEL ICAP, pidieron observar y comprobar con la página del sistema del YO PARTICIPO se pudo verificar que si se contaban con militancia del Movimiento al Socialismo y lo raro que no estuvo el Certificado de no militancia y presentó este requisito para ser habilitada, situación que nos llamó la atención y se hizo la observación a esta Comisión y exigieron que se plasme en acta esta grave observación y que este caso debería ser investigado.
Verificación de Certificado Original emitido por el Órgano Electoral o Declaración Jurada de no hacer sido candidato o candidata de ninguna organización política en los 5 últimos años, en este caso se pudo evidencia que algunos fueron candidatos se presume con vínculos políticos, caso que fue observado pero se tomó en cuenta por la Comisión y fue Habilitada.
Verificación de no tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad, presentación Declaración Jurada, en su mayoría presentaron la Declaración Jurada donde fueron habilitados.
(…)
Verificación de la declaración Jurada de renuncia pública en su condición de dirigente o autoridad ejecutiva de cualquier asociación cooperativa o institución que por su naturaleza pueda influir en el libre ejercicio de sus funciones electorales en este caso se debía presentar una declaración Jurada, empero se pudo evidenciar concretamente que en el caso de Henry Morodias la Torre quien seguía ejerciendo como director de SEGIP y los casos que deben ser averiguados de los postulantes Heber Rodríguez también Iber Zapata como Asesores de la Asamblea Legislativa Departamental, donde les indicaron a los veedores tanto de COMCIPO como el ICAP que no dejaron que eta observación se introduzca en el libro de Actas.” (sic)
Este acto contó con la presencia de los delegados del Ilustre Colegio de Abogados de Potosí (ICAP), del Comité Cívico de Potosí (COMCIPO) y de la Defensoría del Pueblo con la finalidad de transparentar el proceso de selección; empero, no fue así, existiendo irregularidades en la verificación de los requisitos mínimos habilitantes, los cuales fueron observados por los veedores solicitando que conste en acta, petición que fue rechazada, quedando habilitados cincuenta postulantes después de la etapa de entrevistas.
El 18 de diciembre de igual año, en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí (ALDP) se produjo irregularidades para elegir a las cuatro ternas, ya que la elección de las dos primeras ternas, se nombró algunos nombres de la lista de los cincuenta aspirantes para que conformen dichas ternas; empero, de estas dos primeras ternas fueron conformadas nombrando a los postulantes de las listas con notas de 10, 9, 8 y hasta 6 criterios, lo irregular fue que se aprobó por dos tercios de los asambleístas presentes haciendo una votación grupal; es decir, en ternas conformadas; y, en las dos últimas ternas se eligió de manera individual; es decir, “postulante por postulante” mediante votación uninominal, indiferentemente del puntaje que obtuvieron, eligiéndose a postulantes con criterios de 6 o 7 quedando relegados los mejores puntajes; y por ende, discriminando a los demás postulantes pese a obtener criterios de ocho, sin someter a votación de cada uno de los participantes, haciendo diferencia entre doce personas al resto de los cincuenta habilitados.
Los miembros de la Directiva de la ALDP fueron quienes emitieron dicha convocatoria a concurso de méritos y fueron en definitiva quienes dirigieron la asamblea ordinaria donde se eligió las ternas y la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la ALDP, vulnerando “el derecho al debido proceso en su elemento de transparencia, derecho a la igualdad de oportunidades y prohibición de discriminación”; haciendo constar que no existe otro recurso idóneo y efectivo para restaurar sus derechos y garantías constitucionales.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El impetrante de tutela, denuncia la lesión al debido proceso en su elemento de transparencia, el derecho a la igualdad material, igualdad de oportunidades y justicia social; citando al efecto los arts. 8.II, 14.II, 115.II y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE) y art. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH)
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela y se deje sin efecto y anule la “CONVOCATORIA PÚBLICA PARA POSTULANTES A VOCALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ” “hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el momento de selección de las ternas conformadas por los doce postulantes”; por existir irregularidades y denuncias penales”
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional.
Celebrada la audiencia pública el 15 de octubre de 2020, según consta en el acta cursante de fs. 135 a 142, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliando manifestó lo siguiente: a) Su adhesión a la demanda principal se admita la misma y se restituya los derechos; y, b) Entre otras cosas hizo notar por principio de igualdad, que la prueba presentada por la parte demandada fue subido al sistema virtual y si tienen las pruebas físicas, determinar la vulneración de derechos y la generación de perjuicios al ahora peticionante de tutela.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
María Eugenia Basagoitia, Justo Gutiérrez Achura, Adela Farfán Laime y Henry López Alvarez, miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la ALDP, a través de su asesor refirieron que: 1) La Comisión de Constitución y todo el Pleno de la Asamblea, no vulneraron ningún derecho al debido proceso; toda vez que, actúo conforme a las normativas especiales que fueron remitidos a la Asamblea Departamental de Potosi para el proceso de selección y elección de Vocales del Tribunal Electoral Departamental; convocatoria que fue emitida en cumplimiento de la Ley del Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales y la Resolución Camaral de Diputados; 2) El accionante refirió que algunos postulantes no cumplieron con los dieciocho requisitos, reclamo que hace en forma general, debiendo señalar su derechos vulnerados y no hablar por los demás; la Comisión se basó en la convocatoria que establece requisitos, condiciones y plazos; por lo cual, si algunos postulantes habiendo cumplido todos los requisitos hubiesen sido inhabilitados podían impugnar como establece la convocatoria y el impetrante de tutela fue habilitado hasta la última instancia del proceso de preselección de vocales, remitiendo su nombre al pleno de la ALDP y en esa instancia se elige las ternas; haciendo notar que el peticionante de tutela cumplió con ocho criterios y la calificación se hace de forma cualitativamente y cuantitativamente, no hay menor o mayor nota y el reglamento establece que los elegidos deben cumplir por lo menos con seis criterios; y, 3) El accionante refiere que no consideraron las notas mayores, aspecto que considera como discriminación; al respecto, hizo conocer que el art. 15 del reglamento transitorio establece que cada una de las cuatro ternas debe estar conformada por una mujer y una persona de origen indígena originario campesino; por lo que, la Asamblea actúo conforme al reglamento y no existiendo fundamento legal para admitir la tutela impetrada se deniegue la misma.
Rogelio Mamani Almendras, Presidente; Rita Salvatierra Bautista, Secretaria General; Oracio Aramayo Tolaba, Primer Vocal; Elizabeth Veizaga Llanos, Segunda Vocal; miembros de la Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, a través de su asesor señalaron que: i) Si en las ternas no hubieran sido considerados una mujer y una persona de origen indígena campesino, se hubiera vulnerado la ley 045, lo que hubiera conducido a un incumplimiento de deberes; y, ii) El pleno de la ALDP como máxima instancia decidió y tomó la preselección de las ternas, remitiendo a la Cámara de Diputados para su selección; por lo que, el accionante no considero estos aspectos en su demanda de amparo constitucional.
I.2.3. Resolución
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 020/2020 de 15 de octubre, cursante de fs. 143 a 154, denegó la tutela, con los siguientes fundamentos: a) El accionante alega vulneración de los derechos respecto a la igualdad, transparencia, igualdad de oportunidades y justicia social; resaltando el art. 410 de la CPE, respecto a la aplicación de Convenios y Tratados Internacionales, que se refiere a la Convención Americana de Derechos Humanos; b) Las autoridades ahora demandadas, concluyen que no se vulneró derechos del impetrante de tutela y sólo se aplicó la normativa especial y específica para la convocatoria, procediéndose a la elección con todas las formalidades, incluyéndose a una mujer y a un indígena originario campesino; c) Conforme se describió en la SCP 180/018-S3 de 22 de mayo, el peticionante de tutela no debe limitarse a la simple denuncia de derechos y garantías constitucionales, sino que tiene la carga probatoria de demostrar conforme al art. 33 del CPCo, debe precisar exponiendo los hechos fácticos e identificando que parte de la resolución es incongruente, carente de fundamentación y motivación; conforme a esta Sentencia, el accionante no refiere que parte de la resolución que emitió la ALDP en todo el procedimiento, vulnero los derechos del accionante a efectos de corregir; empero, en el caso de autos el impetrante de tutela se refiere en forma genérica y subjetiva que supuestamente existirían irregularidades, y no demuestra mediante pruebas que personas o en qué fase y qué requisitos no hubiese cumplido, solamente cita de manera genérica sin demostrar aquello y más aún engloba a otras personas, sin citar nombres ni adjuntar pruebas y menos cita normativa legal que su hubiera vulnerado; d) En relación a que se hubiesen violentado los criterios de elegibilidad, que no se hubiesen considerado aspectos relativos a las notas, al respeto al SCP 029/2019-S4 de 1 de abril, señaló respecto al auto restricción de la jurisdicción constitucional, tal cual se ha dado lectura, y que evidentemente la Sala Constitucional no es una fase de casación o de revisión; consiguientemente, se debe demostrar la violación de derechos para poder ingresar a revisar la normativa que se aplicó; y el accionante no demostró que normativa se incumplió; e) El art. 15.1 de la Normativa Electoral y Reglamento aplicado para éste caso, refiere sobre el procedimiento para la elección de ternas, debiendo tener los postulantes al menos seis entre diez criterios establecidos en el reglamento, y no establece que los que tengan ocho, nueve y/o diez deben ser elegidos; asimismo el numeral dos exige que cada terna este conformada por una mujer y un persona originaria campesina; por lo que, la Asamblea siguió este parámetro; f) Respecto a la postulación del peticionante de tutela y de acuerdo a las pruebas que presentó, llegó a la fase final que era el de elegibilidad, y si no hubiese sido elegido para llegar a esta etapa recién hubiese ameritado la interposición de esta acción; de lo que se colige que, no existe demostración alguna de violación a las garantías constitucionales supuestamente vulneradas en sus vertientes de transparencia; toda vez que, de la normativa analizada, se concluye que sí se ha actuado con transparencia en aplicación a la normativa legal que se ha observado y se ha revisado; y, al haberse cumplido con la elección de personas con criterios de seis a diez, y eligiendo a una mujer y a un representante originario campesino no se vulnero el principio de igualdad material; g) Con relación al art. 410 de la CPE, el accionante debe demostrar de manera material y objetiva por qué normativa externa se vulnero sus derechos, y al no existir fundamento, no se puede realizar el control de convencionalidad interna o externa de manera difusa.
I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Por Decreto Constitucional de 11 de mayo de 2021, cursante a fs. 158, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 2 de diciembre de 2022 (fs. 251); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
II. CONCLUSIONES
II.1. Reglamento Transitorio de Selección y Elección de Vocales de los Tribunales Electorales Departamentales de 27 de noviembre de 2019; suscrito por Simón Sergio Choque Siñani, Presidente y Sandra Cartagena López, Primera Secretaria; ambos de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa; el presente Reglamento contiene diecisietes artículos; de los cuales se extrae:
“ARTICULO 6. (CONVOCATORIA). I. Las Asambleas Legislativas Departamentales emitirán convocatoria pública para la presentación de postulantes y conformación de cuatro (4) ternas requeridas por Departamento para la selección de Vocales de los Tribunales Electorales Departamentales.
(…)
ARTÍCULO 12. (INHABILITADOS E IMPUGNACIONES). I. Las impugnaciones podrán ser presentadas ante la Comisión desde la publicación de postulantes habilitados hasta un plazo de dos (2) días.
II. Toda persona individual o colectiva podrá impugnar a las o los postulantes, con fundamento y adjuntando prueba idónea, dentro del plazo establecido en el Parágrafo I del presente Artículo. Las impugnaciones se publicarán en el tablero de las Asambleas Legislativas Departamentales.
Los postulantes inhabilitados y/o impugnados, en el plazo de (1) día posterior a la publicación, podrán recurrir ante la Comisión respectiva a efectos de desvirtuar los elementos que han sido motivo de dicha inhabilitación y/o impugnación.
III. Las Comisiones de las Asambleas Legislativas Departamentales resolverán las impugnaciones mediante resolución en el día.
IV. Las resoluciones finales de las Comisiones son irrevisables y serán publicadas en las páginas web y redes sociales de las Asambleas Legislativas Departamentales.
(…)
ARTÍCULO 15. (INFORME DE EVALUACIÓN). I. Para pasar a la etapa de selección de ternas a cargo de las Asambleas Legislativas Departamentales, las o los postulantes deben obtener la evaluación de “Cumple” en al menos seis (6) de los diez (10) criterios establecidos en el presente Reglamento (provenientes de la calificación de capacidad profesional, méritos y entrevistas).
II. El proceso de selección deberá garantizar que en cada una de las cuatro (4) ternas haya al menos una mujer y una persona de origen indígena originario campesino, sin perjuicio de su inclusión en las otras ternas.
III. Una vez finalizadas las entrevistas, la Comisión elaborará y aprobará el informe de evaluación y remitirá de manera inmediata a presidencia de las Asambleas Legislativas Departamentales.
IV. Las Asambleas Legislativas Departamentales aprobarán el informe de evaluación por dos tercios (2/3) de los asambleístas presentes en sesión del pleno.
V. La nómina de los postulantes que pasan a integrar las ternas elegidas en las Asambleas Legislativas Departamentales, se publicarán en las páginas web y redes sociales de las mismas.
VI. Las Asambleas Legislativas Departamentales remitirán a la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional el informe de evaluación, la resolución y el listado de las personas que componen las ternas. El informe deberá incluir además los antecedentes generales del proceso. El listado de las o los seleccionados se presentará en orden alfabético por terna y sin ninguna valoración o puntaje.” ( sic [ fs. 97 a 105]).
II.2. CONVOCATORIA PÚBLICA PARA POSTULANTES A VOCALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE POTOSI, de 29 de noviembre de 2019, la cual fue aprobada en sesión extraordinaria de la ALDP mediante Resolución 114/2019 y suscrita por Rogelio Mamani Almendras, Presidente y Elizabeth Veizaga Llanos, Segunda Vocal; ambos de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, la referida convocatoria contiene antecedentes, los requisitos, condiciones y causales de inelegibilidad e incompatibilidad, lugar y plazo de presentación de postulaciones, verificación de requisitos, de las personas habilitadas, impugnación, evaluación de méritos y Conformación de ternas de postulaciones y remisión a la Cámara de Diputados; del cual se extrae lo siguiente:
“VI. IMPUGNACIÓN
Una vez publicada la lista de postulaciones habilitadas se establece un periodo de dos (2) días para las impugnaciones de las postulaciones.
Toda ciudadana y ciudadano debidamente identificado podrá presentar, ante la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, la impugnación por no cumplimiento de lo establecido en el parágrafo II) de la presente Convocatoria. La impugnación será por escrito debidamente fundamentada adjuntando documentación de respaldo. Las impugnaciones se recibirán hasta las 11:00 am del segundo día del periodo de impugnaciones.
Las impugnaciones serán consideradas y resueltas por la Comisión de Constitución; Legislación y sistema Electoral en un plazo de un (1) día. Las resoluciones de la Comisión serán inapelables e irrevisables.
VII. EVALUACIÓN DE MÉRITOS
Concluida la etapa de impugnación, la Comisión de Constitución Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, en un plazo de dos (2) días hábiles realizar evaluación cualitativa de méritos de los postulantes que no hayan sido inhabilitados, en base a los criterios de Formación académica, Producción intelectual, Experiencia, Docencia y conocimiento en materia de Democracia Intercultural. Así mismo, se realizará una entrevista en orden alfabético de los postulantes habilitados, sujeto a cronograma.
Concluido el proceso de evaluación, la Comisión de Constitución Legislación y Sistema Electoral emitirá un Informe Final de Evaluación, adjuntando la lista de postulantes en orden alfabético de aquellas ciudadanas y ciudadanos que hayan cumplido con los criterios mínimos de evaluación requeridos para ser preseleccionados y pasar a la etapa de conformación de termas.
VIII. CONFORMACIÓN DE TERNAS DE POSTULACIONES Y REMISIÓN A LA CÁMARA DE DIPUTADOS
1.La Presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, una vez recibido el Informe convocará de manera inmediata a sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Departamental.
2.La Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, en sesión por tiempo y materia, por dos tercios (2/3) de votos de sus miembros presentes conformará cuatro (4) ternas de postulaciones a vocales del Tribunal Electoral Departamental de Potosí. En cada una de las ternas deberá incluirse al menos una mujer y una persona de origen indígena originario campesino, sin perjuicio de su inclusión en las otras ternas.
3.Las (4) ternas de postulaciones, en orden alfabético y sin ninguna valoración o puntaje, serán remitidas a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional.” (sic [fs. 109 a 114])
II.3. Acta de entrevistas de postulantes al Tribunal Electoral Departamental, de 15 de diciembre de 2019; suscrita por la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral y Asambleístas adscritos de la ALDP, en la cual se advierte “20.- Choque Coronel Erwin Franco se le realiza la evaluación de categorías y criterios entrevistas, continua habilitado” (sic [fs. 126 a 131])
II.4. INFORME LEGAL C.C.L.S.E A.D.P. 09/2019 de 17 de diciembre; mediante la cual, la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, emite el Informe Final de Convocatoria Pública para postulantes a Vocales del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, haciendo referencia sobre los siguientes puntos:
“En fecha 8 de diciembre de 2019 a horas 08:00, la Presidencia de la Comisión de Constitución Legislación y Sistema Electoral, ha convocado a Sesión Extra Ordinaria Nº 004/2019 para la Verificación de Requisitos, condiciones y causales de inelegibilidad e incompatibilidad de los postulantes a Vocales del Tribunal Electoral de Potosí y en presencia del Dr. Daniel Estrada Alarcón otario de Fe Pública N°1 de la ciudad de Potosí se procedió a la apertura de sobres (…) los días 08 y 09 de diciembres de la presente gestión a objeto de efectuar la verificación correspondientes en presencia de todos los asambleístas titulares y adscritos y con la participación de los veedores invitados: Comcipo, Colegio de Abogados de Potosí, Derechos Humanos y Defensor del Pueblo.
(…)
De todos los postulantes a Vocales del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, la Comisión de Constitución, Legislación y sistema Electoral, en sesión ordinaria ha determinado habilitar a setenta y cinco (75) e inhabilitar a sesenta y siete (67) del total de los ciento cuarenta y dos (142) postulantes inscritos en base a los requisitos exigidos en la Convocatoria.
(…)
El procedimiento de Evaluación ha sido determinado por todos los miembros de la Comisión tanto titulares como adscritos. El cronograma de Evaluación fue establecido de acuerdo a la lista de habilitados.
NOMINA DE POSTULANTES HABILITADOS PARA LA EVALUACIÓN DE MÉRITOS Y ENTREVISTAS
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N° |
NOMBRES |
|
(…) |
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20 |
Choque Coronel Erwin Franco |
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(…) |
8.- RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Efectuada la Evaluación de los postulantes a Vocales del tribunal Electoral Departamental de Potosí, se tiene los resultados mismos que han sido calificados de forma cualitativa (CUMPLE - NO CUMPLE). De un total de 72 habilitados, 50 cumplieron con más de seis (6) de un total de diez (10) criterios; veinte (20) no cumplieron y dos (2) postulantes no se presentaron, entre los cuales se tiene 20 mujeres y 30 varones.
LISTA DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LOS POSTULANTES A VOCALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ
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Nro. |
NOMBRE |
CALIFICACION CUALITATIVA (sobre 10 criterios) |
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16 |
Choque Coronel Erwin Franco |
Cumple con 8 criterios |
10.- RECOMENDACIONES:
De la Revisión y el análisis respectivo de todos los documentos puestos en conocimiento a la Comisión de Constitución Legislación y Sistema Electoral y conforme las bases de la CONVOCATORIA PÚBLICA PARA POSTULANTES A VOCALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE POTOSI, ésta comisión, RECOMIENDA, al Pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí LA CONFORMACIÓN DE CUATRO (4) TERNAS DE POSTULANTES, A SER ELEGIDOS POR DOS TERCIOS (2/3) DE VOTOS DE SUS MIEMBROS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS CUMPLIDOS POR LOS POSTULANTES; PRECAUTELANDO QUE EL PROCESO DE SELECCIÓN DEBE GARANTIZAR QUE EN CADA UNA DE LAS CUATRO TERNAS (4) HAYA AL MENOS UNA MUJER Y UNA PERSONA DE ORIGEN ORIGINAIO CAMPESINO, SIN PERJUICIO DE SU INCLUSIÓN EN LAS OTRAS TERNAS, CONFORME LO ESTABLECE EL ÁRTICULO 15 PARÁGRAFO II DEL REGLAMENTO TRANSITORIO PARA TAL EFECTO, CONSECUENTEMENTE SE DISPONDR AREMITIR DICHA TERNA A LA CAMARA DE DIPUTADOS.” (sic [fs. 115 a 123])
II.5. EVALUACIÓN DE CATEGORIAS Y CRITERIOS, donde no se advierte, fecha, ni quienes llenaron dicho formulario, solo un sello de legalizado de la fotostática, la cual es copia fiel del documento original, consignado una rúbrica sin identificación; correspondiente al postulante Erwin Franco Choque Coronel, sin descripción de la Cédula de Identidad, en la cual se establece que cumplió con ocho criterios de los diez; no cumpliendo respecto a la Docencia y Experiencia en cargos de función pública. (fs. 124 a 125).
II.6. Resolución 119/2019 de 18 de diciembre, de la Asamblea Legislativa del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, suscrita por Rogelio Mamani Almendras, Presidente; H. Rita Salvatierra Bautista, Secretaria; Oracio Aramayo tolaba, Primer Vocal; y, Elizabeth Veizaga Llanos, Segunda Vocal; todos de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí; la cual establece:
“Que, una vez puesto en conocimiento del Pleno de los Resultados de Evaluación de los 50 postulantes preseleccionados, haciendo notar que dentro del proceso de preselección de postulantes a vocales del Tribunal electoral departamental de potosí los nombrados se identificaron como indígena originario; CORIA RENTERÍA GIOVANA (Certificación F.S.U.T.C.O.Q.P.); GARCIA VARVAS ROLANDO ROGER (Certificación CAOP); MANCILLA JIMENEZ VICTOR HUGO (Certificación Ayllu Caracha- Pata), procediéndose en primera instancia a la propuesta de ternas, y modalidad de votación, puesta en consideración del Pleno se determinó por unanimidad que la votación sea uninominal, seguidamente se procedió con la nominación de nombres para la conformación de ternas, recayendo en los siguientes postulantes:
PRIMERA TERNA
1. García Vargas Rolando Roger
2. Colque Ballesteros Romy
3. Jallaza Veliz Edgar
SEGUNDA TERNA
1. Díaz Jorge Carmela
2. Miranda Quilo José Luis
3. Coria Rentería Giovana
TERCERA TERNA
1. Cepeda Zambrana Regis Javive
2. Arias Espinoza Jorge
3. Llanos Ustares Ruth
CUARTA TERNA
1. Condori Aguilar Rubén Silvio
2. Mancilla Jiménez Víctor Hugo
3. Mamani Flores Roció
Que, puesta en consideración del Pleno el nombre de los postulantes por terna se procedió a la votación y aprobación por dos tercios (2/3) de votos de los miembros presentes del Pleno de la Asamblea, precautelando siempre la participación de por lo menos una mujer en cada terna y un postulante de origen indígena Originario Campesino, para posteriormente remitir dichas ternas ante la Cámara de Diputados, quedando conformada las cuatro (4) ternas de la siguiente forma:
PRIMERA TERNA
1. García Vargas Rolando Roger
2. Colque Ballesteros Romy
3. Jallaza Veliz Edgar
SEGUNDA TERNA
1. Díaz Jorge Carmela
2. Miranda Quilo José Luis
3. Coria Rentería Giovana
TERCERA TERNA
1. Cepeda Zambrana Regis Javive
2. Arias Espinoza Jorge
3. Llanos Ustares Ruth
CUARTA TERNA
1. Condori Aguilar Rubén Silvio
2. Mancilla Jiménez Víctor Hugo
3. Mamani Flores Roció
” (sic)
POR TANTO: La Asamblea Legislativa Departamental del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, en uso de sus específicas atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez” de 19 de julio de 2010 y Reglamento General de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí.
RESUEVE:
Artículo 1.- Aprueba la selección y conformación de las cuatro (4) ternas de postulaciones a VOCALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE POTOSI’, de acuerdo al siguiente detalle:
PRIMERA TERNA
1. García Vargas Rolando Roger
2. Colque Ballesteros Romy
3. Jallaza Veliz Edgar
SEGUNDA TERNA
1. Díaz Jorge Carmela
2. Miranda Quilo José Luis
3. Coria Rentería Giovana
TERCERA TERNA
1. Cepeda Zambrana Regis Javive
2. Arias Espinoza Jorge
3. Llanos Ustares Ruth
CUARTA TERNA
1. Condori Aguilar Rubén Silvio
2. Mancilla Jiménez Víctor Hugo
3. Mamani Flores Roció
Artículo 2- Se recomienda la remisión de la conformación de las cuatro ternas señaladas en el Artículo primero y demás antecedentes a la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia, para fines de Ley. (Fs. 238 a 245)
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
El accionante denuncia la lesión de sus derechos: al debido proceso en su elemento transparencia; a la igualdad material; igualdad de oportunidades y justicia social; toda vez que, dentro la convocatoria y selección de postulantes para Vocales del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, las autoridades ahora demandadas incurrieron en las siguientes irregularidades: i) La Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental del GAD de Potosí, emitió la Convocatoria Pública a concurso de méritos y fueron quienes dirigieron la “Asamblea Ordinaria” para la elección de ternas; ii) Los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la referida Asamblea Departamental, ii.1) En la fase de apertura de sobres, no efectuaron una verificación transparente y verídica de los requisitos de los postulantes; toda vez que, ante la exigencia de cumplir con 18 requisitos, sólo algunos cumplieron y otros no, lo cual ameritaba la inhabilitación de estos últimos, extremo que no sucedió; ii.2) En la fase de entrevistas, en la cual se debía obtener un puntaje de 6 para ingresar a la otra fase; su persona “obtuvo 8 criterios de 10 criterios”, en las cuales estuvo inmerso el carácter de indígena originario campesino, previa constancia o certificación; empero, algunos postulantes no reunieron dicha exigencia o fue desconocida de forma expresa que no fue observada por la indicada Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral; y iii) La Directiva y la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Departamental, en sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2019, incurrieron en actos irregularidades; toda vez que, en la fase de selección de las cuatro ternas, las dos primeras fueron conformadas nombrando a los postulantes de las listas “con notas de 10,9,8 y hasta 6 criterios”, eligiéndose de forma grupal y no personal; empero, para la selección de las dos últimas ternas, se consideró postulante por postulante mediante votación nominal, eligiéndose con “notas bajas de 6 o 7, relegando las notas altas”.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para dicho fin, se analizarán los siguientes fundamentos: a) El principio de subsidiariedad cuando existe otro medio o recurso legal y su vinculación con la fundamentación de agravios.; b) Normativa Legal para la Selección y Elección de Vocales de los Tribunales Electorales Departamentales; y, c) Análisis del caso concreto.
III.1. El principio de subsidiariedad cuando existe otro medio o recurso legal y su vinculación con la fundamentación de agravios
Uno de los principios procesales constitucionales que rigen la acción de amparo constitucional, es el principio de subsidiariedad, expresada en la norma Constitucional cuando refiere que esta acción tutelar se interpondrá “siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”[1]; en ese entendido, la acción de amparo constitucional constituye una garantía jurisdiccional de carácter subsidiario y supletorio en la protección de los derechos fundamentales: subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria[2].
A contrario sensu, cuando exista otro medio o recurso legal para la pretendida protección, resulta improcedente por decaer en subsidiariedad[3]; en esa comprensión, incurre en supuestos de subsidiariedad cuando se impugna mediante la acción de amparo constitucional, resoluciones administrativa o judiciales: i) Cuya ejecución se encuentra suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, para que puedan ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas; y, ii) No se ejerció oportunamente de los medios o recursos que podían revisarlo, modificarlo, revocarlo o anularlo[4].
En el marco constitucional y normativo glosado precedentemente, la jurisprudencia constitucional expresada en la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, estableció las siguientes subreglas para determinar la improcedencia por subsidiariedad
“…cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución” (las negrillas son incorporadas).
En esa misma línea de razonamiento, la SCP 135/2015-S1 de 26 de febrero, concluyó enfatizando la improcedencia de la acción de amparo constitucional por subsidiariedad en cuestiones no planteadas en apelación al desarrollar el Fundamento Jurídico III.1; en ese entendido, puede concluirse señalando que cuando se trata de cuestiones derivadas de proceso judiciales o administrativas en las que se cuestiona resoluciones con la pretensión de restituir derechos fundamentales o garantías constitucionales, deben agotarse los medios o recursos intraprocesales, estableciendo en los mismos, asuntos o cuestiones puntuales plasmados en la fundamentación de agravios, sometiéndolos a debate, observando los principios de contradicción y bilateralidad, para que a su turno la autoridad judicial o administrativa tenga la oportunidad de pronunciarse sobre los mencionados asuntos o cuestiones puntuales, para agotar de esta manera los mencionados medios o recursos intraprocesales.
III.1.1. La fundamentación de agravios como elemento esencial en los recursos.
Es necesario precisar por una parte que, uno de los principios constitucionales que disciplinan la función de impartir justicia, es el principio de impugnación en procesos judiciales[5]; por otra, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que por mandato constitucional se encuentra integrado al bloque de constitucionalidad[6], ha consagrado el derecho de recurrir un fallo ante juez o tribunal superior[7], cuyo alcance fue consolidado por la misma Convención señalando que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los jueces o tribunales competentes, contra actos que lesionen sus derechos fundamentales o garantías cometidas por personas en el ejercicio de sus funciones oficiales[8]. En esa comprensión, los razonamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyeron que el derecho a un recurso contra una resolución debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada, para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona, busca proteger el derecho de defensa en fase de impugnación de un proceso[9].
En ese ámbito, la fundamentación de agravios cobra esencial importancia, puesto que este elemento, expresa asuntos o cuestiones puntuales de la resolución impugnada, es decir, debe traducirse en una crítica concreta, razonada y puntual del impugnante o recurrente, respecto a los errores, omisiones o deficiencias de la resolución apelada[10], características de cardinal importancia porque marcan la competencia de la autoridad o tribunal de apelación, fija el límite de la resolución de apelación o impugnación[11], en cumplimiento al principio de pertinencia en cuyo mérito, la resolución de apelación o impugnación debe circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de cuestionamiento, de manera que la instancia de impugnación no puede ignorar u omitir pronunciarse respecto a los puntos apelados, tampoco ir más allá de lo pedido, salvo la existencia de vicios de nulidad que importen lesión a derecho y garantías constitucionales (SSCC 0670/2004-R de 4 de mayo, 0816/2010-R de 2 de agosto, 1335/2010-R de 20 de septiembre, entre otros); lo resuelto en la impugnación debe guardar la correspondencia con la impugnado[12]. Bajo ese razonamiento la impugnación no es simplemente una manifestación de inconformidad, descontento o desacuerdo general con la resolución apelada, extremo que daría lugar a su desestimación o rechazo por el juez o tribunal superior o autoridad jerárquica superior.
III.2. Normativa Legal para la Selección y Elección de Vocales de los Tribunales Electorales Departamentales.
De conformidad al art. 206.V de la Constitución Política del Estado y mediante Ley 1266 de 24 de noviembre de 2019, se estableció un régimen excepcional y transitorio para la designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral, Tribunales Electorales Departamentales y la realización de las Elecciones Generales 2020; disponiéndose en el art. 9 respecto a los Tribunales Electorales Departamentales, lo siguiente:
I. La Cámara de Diputados emitirá un Reglamento que establezca los criterios, parámetros y procedimientos de evaluación y designación según capacidad y mérito, para la preselección y conformación de las ternas de postulantes en un plazo de tres (3) días calendario a partir de la promulgación de la presente Ley, el mismo será remitido en el día a las Asambleas Legislativas Departamentales.
II. Las Asambleas Legislativas Departamentales realizarán un nuevo proceso de la Selección de Ternas para la elección de Vocales del Tribunal Electoral Departamental, en un plazo de hasta veinte (20) días calendario desde la recepción del Reglamento aprobado por la Cámara de Diputados.
III. Las ternas seleccionadas deberán ser remitidas a la Cámara de Diputados, en el día de la selección.
En ese sentido, por Resolución Camaral RC 078/2019-2020 de 27 de noviembre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó el Reglamento Transitorio de Selección y Elección de Vocales de los Tribunales Electorales Departamentales, cuyo art. 15 señala lo siguiente:
“(INFORME DE EVALUACIÓN). I. Para pasar a la etapa de selección de ternas a cargo de las Asambleas Legislativas Departamentales, las o los postulantes deben obtener la evaluación de “Cumple” en al menos seis (seis) de los diez (10) criterios establecidos en el presente Reglamento (provenientes de la calificación de capacidad profesional, méritos y entrevistas).
II. El proceso de selección deberá garantizar que en cada una de las cuatro (4) ternas haya al menos una mujer y una persona de origen indígena originario campesino, sin perjuicio de su inclusión en las otras ternas.
III. Una vez finalizadas las entrevistas, la Comisión elaborará y aprobará el informe de evaluación y remitirá de manera inmediata a presidencia de las Asambleas Legislativas Departamentales.
IV Las Asambleas Legislativas Departamentales aprobarán el informe de evaluación por dos tercios (2/3) de los asambleístas presentes en sesión del pleno.
V.La nómina de postulantes que pasan a integrar las ternas elegidas en las Asambleas Legislativas Departamentales, se publicarán en las páginas web y redes sociales de las mismas.
VI. Las Asambleas Legislativas Departamentales remitirán a la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional el informe de evaluación, la resolución y el listado de las personas que componen las ternas. El informe deberá incluir además los antecedentes generales del proceso. El listado de las o los seleccionados se presentará en orden alfabético por terna y sin ninguna valora o puntaje.”
Conforme a la normativa precedente, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Potosí emitió la Convocatoria Pública para Postulantes a Vocales del Tribunal Electoral Departamental de Potosí; señalando que:
“En sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí de fecha 29 de noviembre de 2019, sea prueba la resolución la Resolución N°114/2019 para la Convocatoria Pública de postulantes a Vocales del Tribunal Electoral Departamental de Potosí”
Dicha Convocatoria Pública para Postulantes a Vocales del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, en su Parágrafo VIII, estableció sobre:
“CONFORMACIÓN DE TERNAS DE POSTULACIONES Y REMISIÓN A LA CÁMARA DE
DIPUTADOS.
1. La Presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, una vez recibido el Informe convocará de manera inmediata a sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Departamental.
2. La Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, en sesión por tiempo y materia, por dos tercios (2/3) de votos de sus miembros presentes conformará cuatro (4) ternas de postulaciones a vocales del Tribunal Electoral Departamental de Potosí. En cada una de las ternas deberá incluirse al menos una mujer y un persona de origen indígena originario campesino, sin perjuicio de su inclusión en las otras ternas.
3. Las cuatro (4) ternas de postulaciones, en orden alfabético y sin ninguna valoración o puntaje, serán remitidas a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional.” (el resaltado fue añadido)
III.3. Sobre la flexibilización de la legitimación pasiva respecto de órganos colegidos
El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la legitimación pasiva en casos de órganos colegiados, tiene como antecedentes las SSCC 1098/2003-R, 0711/2005-R y 0529/2010-R, entre otras, que establecieron que la acción de amparo constitucional debía ser planteada contra todos los miembros que asumieron la decisión, acto o resolución presuntamente ilegal; sin embargo, dicho precedente fue modulado por la SC 0447/2010-R de 28 de junio, en los casos de entes colegiados con miembros numerosos, determinando en el Fundamento Jurídico III.5, la posibilidad de notificar únicamente al representante legal, cuando la notificación a todos los miembros se convierta en barrera para el acceso inmediato a la tutela, de acuerdo al siguiente razonamiento:
“…si bien el Tribunal Constitucional en gestiones pasadas estableció que es preciso y obligatorio que el accionante deba accionar el recurso contra la totalidad del tribunal colegiado que asumió la decisión, no es menos evidente que en casos como el presente, cuando el Tribunal Colegiado está conformado por una gran cantidad de personas, esta obligación se convierte en una barrera o cuando menos en una limitación a un pronto y oportuno acceso a la justicia, por lo que sólo a manera de nombrar una de las dificultades que representaría citar a todos y cada uno de los miembros de entes colegiados de la magnitud del presente caso...”
Este razonamiento fue aplicado en diferentes sentencias, así se tienen las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0222/2017-S1 de 24 de marzo y 0812/2018-S2 de 3 de diciembre, entre otras.
Asimismo, la SCP 0076/2012 de 12 de abril, precisó que es posible ingresar al análisis de fondo cuando no se causó indefensión a los que fueron demandados; es decir, que a pesar de no haberse dirigido la acción de amparo constitucional contra todos los miembros que provocaron el acto ilegal denunciado, uno o más de los que fueron citados asumieron defensa.
En el marco de dicho razonamiento, cuando el órgano colegiado demandado está conformado por una gran cantidad de personas, esta obligación se convierte en una barrera o cuando menos en una limitación a un pronto y oportuno acceso a la justicia, a través de un mecanismo de defensa como la acción de amparo constitucional, que tiene como características esenciales ser un mecanismo de protección inmediata y oportuna, de carácter sumarísimo; naturaleza que quedaría desvirtuada en aquellos supuestos en los que tendría que citarse a cada uno de los miembros de entes colegiados numerosos con muchos miembros, por mencionar algunos, consejos universitarios, asambleas de sociedades cooperativas, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sindicatos, asociaciones, etc., en cuyo caso la demanda deberá plantearse en contra de su representante legal o del directorio en su caso.
III.4. Análisis del caso concreto
El accionante denuncia la lesión de sus derechos: al debido proceso en su elemento transparencia; a la igualdad material; igualdad de oportunidades y justicia social; toda vez que, dentro la convocatoria y selección de postulantes para Vocales del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, las autoridades ahora demandadas incurrieron en las siguientes irregularidades: i) La Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental del GAD de Potosí, emitió la Convocatoria Pública a concurso de méritos y fueron quienes dirigieron la “Asamblea Ordinaria” para la elección de ternas; ii) Los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la referida Asamblea Departamental, ii.1) En la fase de apertura de sobres, no efectuaron una verificación transparente y verídica de los requisitos de los postulantes; toda vez que, ante la exigencia de cumplir con 18 requisitos, sólo algunos cumplieron y otros no, lo cual ameritaba la inhabilitación de estos últimos, extremo que no sucedió; ii.2) En la fase de entrevistas, en la cual se debía obtener un puntaje de 6 para ingresar a la otra fase; su persona “obtuvo 8 criterios de 10 criterios”, en las cuales estuvo inmerso el carácter de indígena originario campesino, previa constancia o certificación; empero, algunos postulantes no reunieron dicha exigencia o fue desconocida de forma expresa que no fue observada por la indicada Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral; y iii) La Directiva y la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Departamental, en sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2019, incurrieron en actos irregulares; toda vez que, en la fase de selección de las cuatro ternas, las dos primeras fueron conformadas nombrando a los postulantes de las listas “con notas de 10,9,8 y hasta 6 criterios”, eligiéndose de forma grupal y no personal; empero, para la selección de las dos últimas ternas, se consideró postulante por postulante mediante votación nominal, eligiéndose con “notas bajas de 6 o 7, relegando las notas altas”.
Precisada la problemática planteada, corresponde analizar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, conforme se tiene de la delimitación procesal-constitucional realizada precedentemente; en ese sentido, es preciso efectuar una contrastación de los antecedentes; de los cuales se tiene que en mérito a los datos consignados en las Conclusiones II.1., se tiene el Reglamento Transitorio de Selección y Elección de Vocales de los Tribunales Electorales Departamentales; en el cual, se establece la emisión de la convocatoria por parte de las Asambleas Legislativas para las elecciones vocales departamentales, requisitos, causales de inelegibilidad e incompatibilidad y procedimiento.
En tal sentido, la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí emitió el 29 de noviembre de 2019 la Convocatoria Pública Para Postulantes a Vocales del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, la cual fue aprobada en sesión extraordinaria mediante Resolución 114/2019 (Conclusión II.2)
De acuerdo a la Convocatoria, en la etapa de entrevista de postulantes al Tribunal Electoral Departamental, la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral y Asambleístas adscritos de la ALDP a través del Acta de 15 de diciembre de 2019, señalaron que el postulante “Choque Coronel Erwin Franco” se le realizó la evaluación de categorías y criterios entrevistas, continuando habilitado. (Conclusión II.3)
Conforme al Reglamento Transitorio de Selección y Elección de Vocales de los Tribunales Electorales Departamentales y a la Convocatoria, se procedió al proceso de preselección emitiéndose un Informe Legal 09/2019 de 17 de diciembre por la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral.(Conclusión II.4)
De igual forma se tiene Informe Legal de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral y la remisión de los documentos, el Pleno se la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí en sesión ordinaria del 18 de diciembre de 2019 se determinó por unanimidad que la votación sea nominal, procediendo con la nominación de nombres para la conformación de ternas derivando en una votación y aprobación por dos tercios de votos de los miembros presentes del Pleno, remitiendo las listas de la conformación de las ternas y demás antecedentes a la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. (Conclusión II.6).
Ahora bien, conforme a los antecedes descritos y la denuncia del impetrante de tutela respecto a la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento de transparencia, derecho a la igualdad material; igualdad de oportunidades y justicia social; toda vez que, la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral y la Directiva de la Asamblea Legislativa de Potosí, incurrió en irregularidades en la selección, elección y conformación de las ternas para remitir a la Cámara de Diputados; en tal sentido, esta instancia constitucional ingresará al análisis de los actos supuestamente vulnerados primero de la Directiva de ALDP, segundo de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral y finalmente de ambas instancias, conforme a las problemáticas identificadas en esta instancia constitucional-
III.4.1. La Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental del GAD de Potosí, emitió la Convocatoria Pública a concurso de méritos.
El peticionante de tutela refiere que la Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí emitió la Convocatoria Pública a Concurso de Méritos y fueron quienes dirigieron la “Asamblea Ordinaria” para la elección de ternas, de las cuales se elegirían a Vocales del Tribunal Electoral Departamental de Potosí.
Ahora bien, conforme se tiene de los antecedentes, la Cámara de Diputados emitió la Ley 1266 de 24 de noviembre de 2019, en la cual se estableció un régimen excepcional y transitorio para la designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral, Tribunales Electorales Departamentales y la realización de las Elecciones Generales 2020; disponiéndose en el art. 9 respecto a los Tribunales Electorales Departamentales, lo siguiente:
I. La Cámara de Diputados emitirá un Reglamento que establezca los criterios, parámetros y procedimientos de evaluación y designación según capacidad y mérito, para la preselección y conformación de las ternas de postulantes en un plazo de tres (3) días calendario a partir de la promulgación de la presente Ley, el mismo será remitido en el día a las Asambleas Legislativas Departamentales.
Ante ello, fue emitido el Reglamento Transitorio de Selección y Elección de Vocales de los Tribunales Electorales Departamentales de 27 de noviembre de 2019; suscrito por Simón Sergio Choque Siñani, Presidente y Sandra Cartagena López, Primera Secretaria; ambos de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa; el presente Reglamento se establece que:
“ARTICULO 6. (CONVOCATORIA). I. Las Asambleas Legislativas Departamentales emitirán convocatoria pública para la presentación de postulantes y conformación de cuatro (4) ternas requeridas por Departamento para la selección de Vocales de los Tribunales Electorales Departamentales. (las negrillas fueron añadidas)
En tal sentido, la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, conforme a la normativa precedente, emitió la Convocatoria Pública para Postulantes a Vocales del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, en sesión extraordinaria el 29 de noviembre de 2019.
De lo descrito precedentemente; se tiene que, la convocatoria destinada a la presentación de postulantes y conformación de cuatro (4) ternas por Departamento, para la selección de Vocales de los Tribunales Electorales Departamentales, fue emitida por el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí; no solo la Directiva de dicho ente legislativo.
Con relación a la elección de las cuatro ternas, por Resolución Camaral RC 078/2019-2020 de 27 de noviembre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó el Reglamento Transitorio de Selección y Elección de Vocales de los Tribunales Electorales Departamentales, cuyo art. 15 señala lo siguiente:
“(INFORME DE EVALUACIÓN). I. Para pasar a la etapa de selección de ternas a cargo de las Asambleas Legislativas Departamentales, las o los postulantes deben obtener la evaluación de “Cumple” en al menos seis (seis) de los diez (10) criterios establecidos en el presente Reglamento (provenientes de la calificación de capacidad profesional, méritos y entrevistas).
Conforme se tiene establecido en el art. 15 del Reglamento Transitorio de Selección y Elección de Vocales de los Tribunales Electorales Departamentales, la elección de los postulantes para conformar dichas ternas debe realizarse por el Pleno de la Asamblea Legislativa; en tal sentido, lo referido por el ahora impetrante de tutela, que la Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí emitió la Convocatoria Pública a Concurso de Méritos y fueron quienes dirigieron la “Asamblea Ordinaria” para la elección de ternas, no es evidente; toda vez que, según la norma emitida por la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional dio las directrices a las Asambleas Legislativas Departamentales, y en el presente caso la ALD de Potosí se rigió a dicha normativa; emitiendo la Convocatoria y eligiendo a las cuatro ternas; en tal sentido respecto a esta denuncia, corresponde denegar la tutela impetrada.
III.3.2. Con relación a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral.
Conforme denuncia el accionante, esta instancia incurrió en agravios en la fase de apertura de sobres y en la fase de entrevistas:
Respecto de la fase de apertura de sobres, el peticionante de tutela alega que los miembros de esta comisión no efectuaron una verificación transparente y verídica de los requisitos de los postulantes; toda vez que, ante la exigencia de cumplir con 18 requisitos, sólo algunos cumplieron y otros no, lo cual ameritaba la inhabilitación de estos últimos, extremo que no sucedió.
Con relación a la fase de entrevistas, en la cual se debía obtener un puntaje de 6 para ingresar a la otra fase; su persona “obtuvo 8 criterios de 10 criterios”, en las cuales estuvo inmerso el carácter de indígena originario campesino, previa constancia o certificación; empero, algunos postulantes no reunieron dicha exigencia o fue desconocida de forma expresa que no fue observada por la indicada Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral
Ahora bien, es pertinente previamente remitirnos al Reglamento Transitorio de Selección y Elección de Vocales de los Tribunales Departamentales de 27 de noviembre de 2020, emitido por la Presidencia y primera Secretaría de la Cámara de Diputados, la cual dio las directrices a la Asambleas Legislativas Departamentales, a través de diferentes artículos, debiendo resaltar el art. 12 la cual establece que las impugnaciones podrán ser presentadas ante la Comisión desde la publicación de postulantes habilitados hasta un plazo de dos (2) días; debiendo resolverse en el día dichas impugnaciones, mediante Resoluciones Finales, la cuales son irrevisables (Conclusión II.1).
Asimismo, la Convocatoria de 29 de noviembre de 2019 en el parágrafo VI señala que:
“Una vez publicada la lista de postulaciones habilitadas se establece un periodo de dos (2) días para las impugnaciones de las postulaciones.
Toda ciudadana y ciudadano debidamente identificado Convocatoria podrá presentar, ante la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, la IMPUGNACIÓN POR NO CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PARÁGRAFO II) de la presente. La impugnación será por escrito debidamente fundamentada adjuntando documentación de respaldo. Las impugnaciones se recibirán hasta las 11:00 am del segundo día del periodo de impugnaciones.
Las impugnaciones serán consideradas y resueltas por la Comisión de Constitución; Legislación y sistema Electoral en un plazo de un (1) día. Las resoluciones de la Comisión serán inapelables e irrevisables.” (el resaltado es añadido)
Conforme se tiene descrito precedentemente, se establece que tanto el Reglamento y la Convocatoria prevén el recurso de impugnación cuando no se cumpla con lo establecido en el parágrafo II de la Convocatoria, la cual establece los requisitos, condiciones y causales de inelegibilidad e incompatibilidad, debiendo acreditar los postulantes con diferentes documentos para ser incluidos en el proceso de selección; aspecto que no fue observado por el ahora accionante, teniendo el medio o recurso para impugnar sobre las posibles irregularidades cometidas por la Comisión; en tal sentido, no es posible ingresar al análisis de fondo respecto a esta denuncia, conforme establece la jurisprudencia constitucional el cual se encuentra plasmado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional la misma refiere que: para qué los argumentos de una demanda de amparo constitucional puedan ser analizados en el fondo, la parte accionante debe haber utilizado hasta agotar todos los medios y recursos legales idóneos para lograr la tutela de sus derechos, ya sea en la vía jurisdiccional o administrativa, pues donde se deben reparar los derechos y garantías lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde fueron vulnerados; es decir, que en principio se haya acudido ante esta autoridad que incurrió en la presunta lesión y luego a la instancia superior, y si a pesar de ello persiste la violación, porque los medios o recursos utilizados resultaron ineficaces, recién se abre la posibilidad de acudir al amparo constitucional, el que no puede ser utilizado como un mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia; en tal sentido, corresponde denegar la tutela con relación a la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la ALDP sin ingresar al fondo de las problemáticas traídas en revisión.
III.3.3. Respecto a la Directiva y a la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí
De acuerdo a lo vertido por el impetrante de tutela en sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2019, la Directiva la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí incurrieron en actos irregulares; toda vez que, en la fase de selección de las cuatro ternas, las dos primeras fueron conformadas nombrando a los postulantes de las listas “con notas de 10, 9, 8 y hasta 6 criterios”, eligiéndose de forma grupal y no personal; empero, para la selección de las dos últimas ternas, se consideró postulante por postulante mediante votación nominal, eligiéndose con “notas bajas de 6 o 7, relegando las notas altas”.
Antes de ingresar al análisis de la presente problemática, es preciso establecer que en la fase de selección de las cuatro ternas participaron todos los miembros de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí; sin embargo, en la presente acción de amparo constitucional, la misma solo fue dirigida contra los miembros de la Directiva y de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral y no así al Pleno de la Asamblea Legislativa Departamental, quienes eligieron a las cuatro ternas.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional a través del Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional señalo que cuando el órgano colegiado demandado está conformado por una gran cantidad de personas, esta obligación se convierte en una barrera o cuando menos en una limitación a un pronto y oportuno acceso a la justicia, a través de un mecanismo de defensa como la acción de amparo constitucional, que tiene como características esenciales ser un mecanismo de protección inmediata y oportuna, de carácter sumarísimo; naturaleza que quedaría desvirtuada en aquellos supuestos en los que tendría que citarse a cada uno de los miembros de entes colegiados numerosos con muchos miembros, por mencionar algunos, consejos universitarios, asambleas de sociedades cooperativas, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sindicatos, asociaciones, etc., en cuyo caso la demanda deberá plantearse en contra de su representante legal o del directorio en su caso.
Bajo ese marco jurisprudencial, la falta de legitimación pasiva no opera en el presente caso; en tal sentido, corresponde ingresar al análisis de fondo.
Ahora bien, se analizará la denuncia vertida por el accionante si es evidente o no que la Directiva y la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la ALDP incurrieron en la vulneración de derechos y garantías constitucionales en la forma de selección para conformar las cuatro ternas y que los componentes de dichas ternas estaban conformados por postulantes que obtuvieron criterios de seis y siete, quedando discriminados los que obtuvieron mayores criterios; en tal sentido, nos remitiremos el Reglamento Transitorio de Selección y Elección de Vocales de los Tribunales Electorales, emitido por la Cámara de Diputados, reglamento que dio los lineamientos a las Asambleas Legislativas Departamentales; por lo que, dicha instancia a través de la Convocatoria Pública del 29 de noviembre de 2019 en el parágrafo VIII Conformación de Ternas de Postulantes y Remisión a la Cámara de Diputados, estableció que:
1. La Presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, una vez recibido el Informe convocará de manera inmediata a sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Departamental.
2. La Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, en sesión por tiempo y materia, por dos tercios (2/3) de votos de sus miembros presentes conformará cuatro (4) ternas de postulaciones a vocales del Tribunal Electoral Departamental de Potosí. En cada una de las ternas deberá incluirse al menos una mujer y un persona de origen indígena originario campesino, sin perjuicio de su inclusión en las otras ternas. (El resaltado es añadido)
Bajo ese precedente dispositivo, se establece que dicha normativa no prevé la forma de elección y conformación de las ternas, si estas serían de forma grupal o uninominal, solo hace referencia que las mismas serán elegidas por dos tercios de votos de sus miembros presentes; y, tampoco establece que dichas ternas estarían compuestas por postulantes que obtuvieron los mayores puntajes, solo señala que: “las o los postulantes deben obtener la evaluación de ‘Cumple’ en al menos seis (6) de los diez (10) criterios establecidos en el presente Reglamento (provenientes de la calificación de capacidad profesional, méritos y entrevistas)”; estableciendo además que se debe garantizar que en cada una de las cuatro (4) ternas haya al menos una mujer y una persona de origen indígena originario campesino; conforme se tiene descrito en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; a ello debe sumarse que una vez puesto en conocimiento del Pleno de los resultados de evaluación de los 50 postulantes preseleccionados, se determinó por unanimidad que la votación sea uninominal, conforme se tiene descrito en la Conclusión II.6.; en tal sentido, no se advierte que el Directorio y la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí hubiesen actuado al margen del Reglamento Transitorio de Selección y Elección de Vocales de los Tribunales Electorales y de la misma Convocatoria; por lo que, se deniega la tutela impetrada por el accionante.
Por lo precedentemente argumentado, la Sala Constitucional al denegar la tutela, obró de forma correcta.
POR TANTO
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión conforme lo dispuesto en el art. 44.1 del CPCo., resuelve: CONFIRMAR la Resolución 020/2020 de 15 de octubre, cursante de fs. 143 a 154, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda
del departamento de Potosí; y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Corresponde a la SCP 1437/2022-S1 (viene de la página 26)
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
[1] Respecto al principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional, el art. 129.I de la CPE expresamente establece: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.
[2] Respecto al agotamiento previo de medios o recursos intraprocesales de impugnación, la SC 1337/2003 – R de 15 de septiembre, expresa textualmente: “De estas previsiones constitucional y normativa, se desprende que el recurso de amparo se constituye en un instrumento subsidiario y supletorio en la protección de los derechos fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria”.
[3] Respecto a la improcedencia por subsidiariedad, el art. 54.I del CPCo., establece expresamente: “La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”.
[4] Los supuestos de improcedencia por subsidiariedad previstos en el art. 53 del CPCo., expresamente establecen: “La Acción de Amparo Constitucional no procederá:
1. Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas.
(…)
3. Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno.
(…)”.
[5] Respecto al principio de impugnación, el art. 180 de la CPE, expresa textualmente: “I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez.
II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”.
[6] El art. 410.II de la CPE, consagra el bloque de constitucionalidad en los siguientes términos: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país…”
[7] La Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre las garantías judiciales ha reconocido en el art. 8.2.h) el derecho a recurrir en los siguientes términos: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
(…).
[8] Respecto al derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 25. Protección judicial, expresa textualmente: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales…”.
[9] El alcance del derecho a recurrir fue razonado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia de 2 de julio de 2004 del Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, en los siguientes términos: “158. La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona”.
[10] La jurisprudencia constitucional pronunciada en la SC 1510/2011-R de 11 de octubre, estableció que la expresión de agravios sufridos por el apelante es la “… condición, que presupone la precisión de los actos o defectos de la resolución cuestionada que ocasiona indebidamente perjuicios a la parte impugnante, exponiendo las razones en que se sustenta, así como las normas jurídicas omitidas o erróneamente aplicadas. Dicha argumentación, no debe ser necesariamente extensa; al contrario, el indicar de manera específica los aspectos cuestionados de la resolución impugnada, por los que se considera que la misma es agraviante, no requiere de una redacción ampulosa, sino más bien, de precisión y claridad en su exposición, que naturalmente guardarán relación con lo resuelto por el juez de primera instancia”.
[11] La SC 0670/2004-R de 4 de mayo, expreso respecto a la competencia de la instancia de apelación vinculada a la fundamentación de agravios, que la resolución de apelación “… deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el juez o tribunal ad quem, no puede omitir pronunciarse sobre los puntos apelados como tampoco ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley…”, jurisprudencia citada por la SC 0816/2010-R de 2 de agosto.
[12] Respecto al principio de pertinencia, la jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0863/2003-R, de 25 de junio, ha señalado: “... el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, fallo que fue ratificado en la SSCC 0670/2004-R de 4 de mayo, 0816/2010-R de 2 de agosto, 1335/2010-R de 20 de septiembre, entre otros; ésta última expresa: “En ese contexto, el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada, a momento de conocer y resolver las causas sometidas a su competencia, circunscribirán su Resolución a los aspectos cuestionados por el apelante en su recurso; obviamente, estos guardan relación con lo resuelto en la decisión impugnada; normativa concordante con el art. 236 del CPC, al referir a la pertinencia de la Resolución emitida por el Juez o Tribunal de apelación; así, el pronunciamiento en segunda instancia, estará circunscrito a lo resuelto en la primera y que hubiese merecido la motivación y fundamentación de oposición pertinente por el apelante.”