SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 025/2000

IV.2.         El Decreto Supremo No. 25575 no define privativamente derechos; no altera los definidos por Ley ni contraría sus disposiciones. Establece un “Programa de Regularización” de una situación de hecho que no podía someterse a la Ley abrogada ni a la  Ley General de Aduanas No. 1990, por  no poder aplicarse ésta retroactivamente.