SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1277/2002-R

En la demanda presentada el 26 de julio de 2002 (fs. 122-127), el recurrente manifiesta que en el proceso ejecutivo seguido por la Cooperativa San Martín de Porres Ltda. en su contra, la entidad ejecutante señaló como domicilio del demandado la calle Sucre 355, el cual es falso, como se desprende del registro domiciliario emitido por la Policía Nacional de Santa Cruz, que acredita que su domicilio se encuentra en calle Moldes 724 de esa ciudad. Por otra parte, el oficial de diligencias del Juzgado Quinto de Instrucción en lo Civil representó, el 9 de febrero de 2000, que se constituyó en el domicilio señalado y no pudo encontrarlo, lo que prueba que no es su domicilio real, habiendo practicado una segunda notificación el 17 de febrero de 2000, donde no especifica si se le citó personalmente o mediante cédula, ni si rehusó firmar, que consta la firma de un testigo sin conocerse el motivo, lo que significa que esta diligencia no tiene validez y es nula a tenor de los arts. 120, 121.III  del  Código de procedimiento civil (CPC) y 247 de la Ley de Organización Judicial (LOJ).

Expresa que recién fue notificado personalmente en ejecución de sentencia, con el auto de señalamiento de audiencia de remate, promoviendo un incidente de nulidad de citación y nulidad de obrados que fue rechazado por la Jueza Instructora recurrida, mediante Auto de 6 de noviembre de 2001, porque a su entender se practicó su legal citación por cédula tanto con la demanda como con la sentencia en el domicilio señalado, no pudiendo suspenderse la ejecución de la sentencia por ningún recurso ordinario ni extraordinario, sin tomar en cuenta que el domicilio donde se practicó la diligencia era falso y que existieron anomalías en la diligencia de citación.