SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1083/2002-R
Fecha: 09-Sep-2002
I.1.1. Hechos que motivan el recurso.
En el Juzgado Segundo de Trabajo y Seguridad Social, Remberto Morales Rojas instauró en contra de Otto Kurt Vargas un proceso sobre pago de beneficios sociales, que concluido se encuentra en ejecución de sentencia, como consecuencia del fallo que lo condena al pago de Bs13.760.- el Juez de la causa por providencia de 2 de julio de 2002, lo conminó al pago de esa suma dentro del plazo de tres días a partir de su legal citación en la que -dice- no se cumplieron las reglas procedimentales al haber notificado sólo a su abogado patrocinante con olvido de que el conminado al pago es su persona por lo que al ser ilegal esa actuación, interpuso recurso de apelación que fue concedido por Auto de 31 de julio de 2002.
El 12 de julio de este año, el demandante Remberto Morales solicitó se expida mandamiento de apremio en contra del recurrente por incumplimiento a la conminatoria del Juez, extremo que no es evidente pues no fue notificado en forma personal, legal ni citado y emplazado con dicha conminatoria, reiterando que al que se notificó fue a su abogado. Es así que el 23 de julio de 2002, el Juez de la causa ordenó se libre el mandamiento de apremio solicitado el que fue expedido el 1 de julio del año en curso pese a existir un recurso de apelación pendiente, pero además con ese mandamiento se pretende al mismo tiempo se cancelen los honorarios profesionales al demandante, violando de esta manera la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales, lo que constituye persecución ilegal e indebida.