SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1715/2003-R
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1715/2003-R

Fecha: 24-Nov-2003

I.1.1    Hechos que motivan el recurso

Que el 23 de abril del presente año Carlos David Molina López sentó denuncia en su contra por los delitos de estafa y estelionato, al no haber podido el comprador registrar su derecho propietario en Derechos Reales, ya que cuatro días antes de suscribir el documento de compra venta con pacto de rescate, él lo había adquirido de Jaime Michel Martínez, hecho que era de conocimiento del comprador, quien reclamó y que por ese motivó, el 29 de agosto, mediante memorial, se comprometió a devolverle otro terreno o en su defecto el dinero, transacción que fue aceptada por la abogada del denunciante.

Sostiene que los policías encargados de notificarlo, informaron al Fiscal que no fue habido porque salía en la mañana y volvía en la noche, que incluso se dejó otra notificación a su hermano y que la abogada del denunciante debía hacerle llegar la notificación con el funcionario que ella contrate. Por esos antecedentes, sin constar que evidentemente se lo haya notificado en forma personal, el Fiscal requirió porque se expida mandamiento de aprehensión que fue ejecutado a las tres y cuarto de la tarde del 15 de abril, siendo directamente conducido a la Policía Técnica Judicial (PTJ) donde se le tomó su declaración informativa policial, en la que manifestó los arreglos a los que había llegado con el comprador, pero el Fiscal lejos de ponerlo en libertad después de ese hecho, requirió sin fundamento alguno por su detención, la que se ejecutó mediante papeleta de detención, en franca infracción a lo determinado por los arts. 226 y 73 de l Código de Procedimiento Penal (CPP), concordante con el art. 61 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), pese a que las notificaciones eran para que preste su declaración informativa policial; además, que el mínimo de la pena por los delitos que se le atribuye no superan ni son iguales a los dos años, con lo que se lo ha privado en forma ilegal y arbitraria de su libertad, con el único propósito de que llegue a un acuerdo con el denunciante con lo que se acabaría todo, que así se lo manifestó el Fiscal recurrido.