SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0231/2003-R

III.3 Solicitados por el Fiscal el allanamiento de los domicilios de los imputados y su aprehensión, el Juez Cautelar dictó la Resolución de 3 de diciembre de 2002,  que carece de la fundamentación que la ley exige a tal efecto, por una parte, y por otra, el único mandamiento de  allanamiento y requisa librado -cuando debió existir uno para cada una de las viviendas a ser allanadas y requisadas- faculta la ejecución de esas medidas en “los inmuebles ubicados en la comunidad Los yuquizes de la provincia Ichilo del Departamento de Santa Cruz; asimismo, se proceda a la requisa y secuestro de los instrumentos utilizados para cometer  el delito que se investiga”, sin precisar los nombres de las personas cuyos domicilios debían ser allanados y requisados, que eran de conocimiento de la autoridad judicial, pues además de ser aludidos en el requerimiento  Fiscal, fueron consignados en el Auto de 3 de diciembre, incumpliendo así las normas legales anotadas y generando inseguridad jurídica, que podía ser evitada si se nombraban -como perfectamente podía hacérselo- a las personas cuyas viviendas debían ser objeto de las merituadas medidas, constituyendo ésta una de las razones de procedencia del hábeas corpus. Se tiene demostrado que, en contra de la previsión del art. 183 in fine CPP, las actas de allanamiento no fueron firmadas por el ocupante del inmueble que presenció  el acto, ni se consignó la negativa a firmar.

Asimismo, el Fiscal desconoció la potestad que el art. 226 CPP le reconoce en cuanto a la posibilidad de ordenar la aprehensión de los sindicados,  acudiendo ante el Juez Cautelar para ello, que tiene competencia para disponer dicha aprehensión únicamente en caso de resistencia o desobediencia a órdenes judiciales,  que en  autos no se ha constatado, ni siquiera en relación a las órdenes de los Fiscales a cargo de la investigación porque -se reitera- las actas de citación a los imputados no están diligenciadas.