SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0816/2003-R

El 13 de febrero de 2001, Jhonny Oporto Villegas, presentó demanda sobre pago de beneficios sociales contra la empresa Almacenes Generales de Depósitos “AGEDESA” SA, supuestamente representada por su persona, que fue radicada en el Juzgado Tercero de Partido en Materia Laboral y Seguridad Social. Posteriormente en 18 de mayo de 2002, el Juez de la causa dictó sentencia que declaró probada la demanda y ordenó a la empresa “AGEDESA” SA., el pago de beneficios sociales, orden judicial que no fue cumplida por la empresa demandada, por lo que se libró mandamiento de aprehensión en su contra. El  10 de febrero de 2003, los accionistas y miembros de dicha empresa revocaron el poder público que anteriormente le otorgaron, confiriendo otro a Alberto Guerra Pombar, situación que fue corrida en traslado a la parte demandante para su conocimiento y a pesar de ello, el 16 de abril del mismo año, Jhonny Oporto Villegas afirma que en realidad los únicos accionistas de la empresa son otras personas y no los que aparecen como accionistas, por lo cual no tienen capacidad de intervenir como tales, razonamiento por el que se establece que su persona  también carecía de capacidad legal para intervenir en actos judiciales.

Añade que el Juez de la causa sin previo análisis de fondo de los hechos demostrados, dictó el Auto de 21 de abril de 2003  que rechaza la solicitud de liberación de acciones legales, siendo así que su persona no tiene nada que ver con los actos que realicen los miembros del Directorio de la Empresa “AGEDESA” SA., pues ha demostrado que no es el representante  legal de la misma y no obstante de ello, el 14 de abril de 2003 fue ilegalmente aprehendido por orden del Juez recurrido, cuando se encontraba en el interior de un radio móvil, momento en el que se presentaron seis policías quienes en forma violenta e ilegal, en atropello de su dignidad, como si fuera un delincuente lo condujeron al Penal de Palmasola.