SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1024/2003-R

En este recurso el actor arguye que en el proceso penal que se siguió contra su representado se cometieron una serie de irregularidades, tales como ser condenado por un delito no señalado en el Auto final de procesamiento; se estableció una suma de sanciones en forma ilegal; no se realizaron las notificaciones en forma legal, no se valoró la prueba correctamente y se ejecutó un mandamiento de condena en base a una ilegal e incompleta orden instruida, todo lo que lesiona su derecho a la defensa, el principio de legalidad y la garantía del debido proceso. Corresponde analizar, en revisión, si de acuerdo a los datos del cuaderno procesal y las normas legales aplicables, se debe otorgar la tutela que brinda el art. 18 de la Constitución Política del Estado (CPE).