SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1068/2003-R

En la demanda presentada el 7 de mayo de 2003 (fs. 207 a 213), los recurrentes expresan que se dedicaban al cultivo de la hoja de coca, pero iniciado el proceso de erradicación de la misma, se acogieron al Programa de Desarrollo Alternativo  en el cultivo de banano, palmito, jengibre, pimienta, piña, la lechería y ganadería. Al ser   numerosos los beneficiarios del Programa, conformaron asociaciones, con lo que han podido  construir centros de acopio, de procesamiento, empaque y certificación  de la producción, además de centros multidisciplinarios técnicos, escuelas y otros. Pero eso no fue fácil porque tuvieron la oposición de los dirigentes de las Federaciones de Productores de Coca, por lo que tuvieron que iniciar varios "procedimientos" que no concluyeron por la sistemática quebrantación de la ley y la obstrucción de la justicia.

Aducen que ya el año 2000 sufrieron varios atentados contra sus propiedades y vidas, lo que  se acentuó en años posteriores, pues los dirigentes de los productores de coca pretenden impedir sus actividades, la exportación de sus productos y toda otra tarea relacionada con el Programa de Desarrollo Alternativo (PDAR). Sin embargo,  la violencia ha alcanzado  su máxima expresión cuando este año, a más de emitir votos resolutivos en los que azuzan a sus bases, tales dirigentes han llegado al extremo de  destruir sus sedes con dinamita, sus herramientas de trabajo, las instalaciones que les prestan cooperación y asistencia técnica (del PDAR), han robado equipos y vehículos, los amenazan de muerte, agreden físicamente a sus dirigentes y a sus hijos adolescentes, razones por las cuales viven en constante zozobra y temor puesto que no es posible ni reclamar por la violencia pues ello acarrea represalias por parte de los recurridos, que manejan muy bien a sus  bases para amedrentarlos y destrozar la propiedad privada.

Puntualizan que las acciones de los demandados se basan sobre todo en la negativa de su parte participar  en  bloqueos, marchas, vigilias y huelgas, en razón de lo que  han denunciado tales hechos a las autoridades, pero inclusive recurrir a la justicia resulta ineficaz porque los dirigentes cocaleros tienen amedrentadas y amenazadas a todas las autoridades fiscales y judiciales que temen por su vida y la de sus familias, con lo que prácticamente no existe quien pueda hacer prevalecer el Estado de Derecho. Además, se les ha negado el auxilio de los organismos de defensa de derechos humanos solamente por no ser productores de coca.

Agregan que  las acciones denunciadas por este recurso si bien son delitos y se ha iniciado la investigación pertinente, también constituyen un atentado flagrante contra sus derechos fundamentales,  y ante la lentitud de la justicia en el Chapare no tienen otra alternativa que acudir a la vía constitucional para que se  respeten los derechos y garantías proclamados en la Constitución Política del Estado (CPE).