SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0072/2003

c) Fase de ejecución.-  Agotadas las vías impugnativas y superado el control judicial aludido, resulta congruente que siendo el resultado adverso al contribuyente, por haberse declarado improbada su pretensión, conforme lo determina el Código tributario en el Título VII  (arts. 304 al 314), la cobranza coactiva de los créditos tributarios firmes, líquidos y exigibles, tenga que volver al órgano que realizó la determinación tributaria, para desarrollar la fase ejecutiva, de acuerdo al procedimiento establecido en la normativa aludida, hasta lograr el cobro total de los adeudos tributarios,  teniendo  la Administración Tributaria plena competencia para iniciar y sustanciar dicha acción coactiva; pues, la ley de manera congruente con el sistema, le otorga facultad expresa para iniciarla a través de la emisión del Pliego de Cargo y Auto Intimatorio, además de  resolver las excepciones opuestas, disponer medidas coercitivas, ordenar el remate de los bienes del deudor, así como a pronunciarse de acuerdo a ley sobre cualquier otro aspecto que se hubiera suscitado en su tramitación.

Consiguientemente, el Juez de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, no obstante que el art. 157.B).3. LOJ reconoce entre sus facultades el de “Ejecutar las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada pronunciadas en materia contencioso-tributaria, conforme al Código Tributario”, no tiene competencia para, en ejecución de sentencia, proceder al cobro coactivo de un adeudo tributario que cuente con fallos judiciales ejecutoriados que reconozcan su exigibilidad, toda vez que la norma aludida no encuentra coherencia alguna con el sistema de fiscalización y recaudación de tributos ni con la ejecución de los adeudos líquidos y exigibles por lo que en tal contexto, debe entenderse que la atribución de ejecutar las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada a que se refiere el art. 157.B.3 LOJ, se limita a los casos en los que la demanda contenciosa-tributaria, en caso de seguirse la vía judicial,  se declara probada;  en consecuencia, la sentencia con calidad de cosa juzgada que favorece al contribuyente, debe ser ejecutada por la autoridad que la pronunció, es decir,  por el Juez de Partido, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario. Este entendimiento está contenido en la SC 0052/2003, que ha declarado: